La garantía de un buen servicio eléctrico

Resumen de Prensa            Enervía, viernes, 30 julio 2004

FUENTE: Expansión


La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a Endesa con motivo de los apagones que sufrieron los andaluces el mes pasado.

Sin entrar a valorar el caso concreto, merece la pena hacer una reflexión sobre la facilidad con la que los políticos y la sociedad en su conjunto tienden a demonizar la actividad empresarial, sin reparar en otros aspectos. Sin reparar, por ejemplo, en que las empresas son uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y el bienestar de un país.

A raíz de los apagones de las últimas semanas se ha extendido la idea entre la opinión pública de que las empresas tienen la obligación de invertir para garantizar una alta calidad de suministro. Son muy pocos los que se preguntan si esa obligación es de carácter divino o viene acompañada de los necesarios incentivos a la inversión, propios de cualquier economía de mercado moderna, en la que impera la seguridad jurídica.

Las empresas energéticas españolas son propiedad de varios millones de accionistas que exigen a los gestores de las mismas que inviertan su dinero con criterios de rentabilidad. Por tanto, no se puede obligar a las compañías a invertir si no se da esta condición indispensable. Hacer lo contrario supone subvencionar el consumo de energía eléctrica con cargo a los inversores, lo que, además de ser nocivo para la economía, sienta un precedente peligroso sobre la credibilidad de los mercados españoles.

Se ha extendido además la falacia de que las compañías eléctricas se han gastado el dinero que habían ingresado en el negocio energético en “aventuras” de diversificación hacia, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones. Lo cierto es que, hasta la fecha, esas “aventuras” legítimas, lejos de suponer un lastre para las compañías eléctricas, les han reportado importantes plusvalías. Para que cualquier sector de la economía funcione es necesario que se den condiciones de libertad y seguridad. Sólo así es posible garantizar la inversión y la calidad de los servicios. La teoría de la imposición y el palo es más propia de países subdesarrollados.





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