SECTOR ELÉCTRICO Y ESTADO DE DERECHO

OPINIÓN EXPANSIÓN
30 de Julio de 2002

POR GASPAR ARIÑO-ORTIZ
El nuevo secretario de Estado de la Energía se reunió la pasada semana con los presidentes de las eléctricas. Se trataba de establecer las bases de un nuevo marco regulatorio centrado en una metodología tarifaria que ofrezca estabilidad y seguridad para las inversiones.

Un viejo contencioso que las compañías eléctricas arrastran desde hace años. Aunque las compañías no quieren, por el momento, sacar este tema al debate público (cosa en la que a mi entender se equivocan), la prensa se ha hecho eco ampliamente de la reunión, y el mensaje que llega a los mercados no es en absoluto clarificador. Incertidumbre y confusión son las palabras que mejor definen la situación.

El Gobierno afirma que el nuevo marco beneficiará a los consumidores; garantiza que las tarifas subirán en todo caso por debajo de la inflación (un punto o punto y medio, no se sabe muy bien por qué), lo cual contribuirá a la estabilidad macroeconómica, que ha sido y sigue siendo el objetivo fundamental de los gobiernos (contener la inflación a costa de los precios regulados).

Pero además –¡oh, milagro de los panes y los peces!– el sistema dará previsibilidad y estabilidad al sector para que éste pueda acometer las necesarias inversiones. Tal es el mensaje del Gobierno. Las compañías, sin embargo, no ven nada claro tan idílico cuadro.

Llevan años soportando lo que llaman “el déficit de tarifa”, consistente en la insuficiencia de los ingresos por tarifa para hacer frente al conjunto de costes que conlleva la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, más los costes permanentes del sistema, incluidos los famosos CTCs (costes de transición a la competencia).

Como con las tarifas vigentes no se pueden cubrir todos estos costes, surge un déficit, que este año, por la falta de recursos hidráulicos, puede alcanzar los 1.500 millones de euros y que las compañías no saben cómo computar.

Algunos se resisten a contabilizarlo como lo que es –una pérdida– porque dicen que eso es una deuda que les debe el Estado, cuyo cobro tienen asegurado por ley junto a los CTCs. Opinión, sin duda, optimista, especialmente si pensamos que el nuevo secretario de Estado, en la reunión que comentamos, dejó explícitamente dicho que aunque la ley reconoce los CTCs y la nueva metodología los incluye, “en ningún sitio se dice que se podrán cobrar íntegramente” (más incertidumbre).

No es de extrañar, por tanto, que tras las buenas palabras oficiales de Unesa, los comentarios críticos abunden en las empresas off the record. Lo cierto es que su cotización en bolsa está cayendo a mínimos: a niveles de 1996 (Endesa), de 1999 (Unión Fenosa) o de 2000 (Iberdrola).

Especialmente en el mes que ahora termina, Unión Fenosa ha perdido un 28% de su valor (un 26,6% desde comienzos de año), Endesa un 21% (un 33,8% desde enero) e Iberdrola, que es la que mejor ha resistido, un 17% (era la de peor cotización).

A la vista de semejante cuadro, he recordado unas palabras del secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, que en la reciente cumbre de Johannesburgo dijo lo siguiente: “La arquitectura oculta del desarrollo sostenible es la Ley”.

La Ley, el Estado de Derecho, que permite que ocurran cosas maravillosas, que permite que las personas sean libres y persigan el destino que Dios les ha marcado y alcancen cosas y busquen y se esfuercen más por su país, por su familia.

El Estado de Derecho, que atrae inversiones, que hace que las inversiones sean seguras. El Estado de Derecho, que garantizará que no haya corrupción, que garantizará que haya justicia en un país que intenta desarrollarse”. Yo creo –lo digo con tristeza– que al sector eléctrico (y a otros sectores regulados) no ha llegado todavía de manera plena el Estado de Derecho, con el que los políticos se llenan la boca todos los días.

Mientras las tarifas de los servicios públicos, los prices-cap, las cuotas de interconexión, los peajes de las autopistas o los precios del agua sigan enmarcados en el campo de la discrecionalidad y la oportunidad política, el Estado de Derecho no existe. He dicho muchas veces que la fijación de un precio o tarifa no es un acto político, sino un acto jurídico, reglado, que responde a criterios de justicia (no sólo de política económica), como son el respeto a la propiedad privada y al contrato tácito, subyacente, que siempre existe entre el Estado y los inversores en sectores regulados.

Ese contrato está presidido, en materia tarifaria, por tres principios –suficiencia, eficiencia y objetividad– que teóricamente se reconocen en la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/97), pero que el Gobierno ignora cuando le conviene. Va para cinco años que la ley se aprobó, sin que haya sido desarrollada reglamentariamente en este punto. Mientras ello no se haga, no hay Estado de Derecho en el sector eléctrico.

La potestad tarifaria se encuentra en estos momentos, en España, en una situación de incertidumbre máxima, mucho peor que antes de las liberalizaciones, cuando existía el llamado Marco Legal Estable (MLE). Esta situación es inmantenible y debe ser corregida con urgencia. Para ello, no basta regular los criterios de formación de la tarifa, sino que hay que modificar también el aparato institucional encargado de su aprobación.

Finalmente, hay que conseguir que el Tribunal Supremo, que es el juez competente por el rango que revisten de ordinario estas decisiones (Decreto de Consejo de Ministros), tome cartas en el asunto y entre de una vez en estas materias, aplicando la Ley y los principios generales de Derecho.

La Constitución consagra –artículo 103– el “sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho” y no se acaba de entender por qué los sectores regulados siguen inmunes al Estado de Derecho. Recientemente ha recaído una Sentencia del Tribunal Supremo (STS de 31 de mayo de 2002) sobre un supuesto de impugnación de la tarifa eléctrica para 1999, donde esta realidad se ha puesto de manifiesto una vez más.

No voy a entrar aquí en el análisis de las cuestiones que se sometían a su juicio, todas ellas relacionadas con el principio de suficiencia tarifaria. Diré únicamente que el Tribunal realiza un loable intento de comprender el entramado regulatorio del sector, pero se queda a mitad de camino, desarrolla un razonamiento jurídico inacabado, no entra en el análisis a fondo de las pruebas practicadas y no se atreve a aplicar algunos principios básicos de la Ley que exigen pagar por los servicios el coste real.

Sé muy bien las dificultades técnicas que ello entraña, pero ha llegado el momento de pensar en la creación de una Sala especial del Tribunal Supremo (o una sección especializada, dentro de la Sala 3.ª) con competencia especial en materias económicas, capaz de juzgar las decisiones gubernamentales en este campo. Mientras los tribunales no asuman esta función, no habrá Estado de Derecho en los sectores regulados. Y sin él, no habrá inversiones continuadas, ni “desarrollo sostenible”. Habrá apagones, de luz o de teléfonos móviles.

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