TARIFAS MOVEDIZAS
OPINIÓN
EL PAÍS
28 JULIO de 2002
La política de tarifas podría ser un buen ejemplo de la epiléptica legalidad
de los seis años largos de gobierno popular. Entre cambios, modificaciones
y maquillajes, el mercado eléctrico español sale a cambio de regulación tarifaria
más o menos cada dos años. Piqué, desde la atalaya del protocolo eléctrico,
prometió un fórmula de IPC-X durante varios años; Rato modificó la cuantía
de la X y aseguró que entre 2000 y 2002 las tarifas bajarían diez puntos;
después modificó el sistema de percepción de los CTC (Costes de Transición
a la Competencia) para conseguir de la Comisión Europea la bendición de tales
subvenciones encubiertas; y ahora llega el nuevo secretario de Estado, José
Folgado, con un nuevo sistema de cálculo de las tarifas, que se parece sospechosamente
al Marco Legal Estable (MLE) de los gobiernos socialistas y que incluye una
especia de garantía de que las tarifas nunca superarán la inflación y se comportarán
aproximadamente según la regla anual de IPC-1.
Tan elevada mortalidad de los escenarios tarifarios apenas oculta el hecho
descarnado de que la Administración se comporta como el recadero de las compañías,
siempre dispuesta a remover todo aquello que las empresas consideran un obstáculo.
Como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y los técnicos de Unesa (la asociación
empresarial de las eléctricas) llevan meses lamentando los estragos que produjo,
produce y producirá en la inversión la política de tarifas de IPC-X, el secretario
de Estado acude con un nuevo marco de precios -cuyos detalles permanecen todavía
en tinieblas- que aliviará la preocupante merma de ingresos denunciada por
las eléctricas.
Siempre hay una primera observación, y en este caso es que la rebaja prometida
de precios para el consumidor de 10 puntos nominales en tres años se ha quedado
como mucho en seis, y gracias. A la chita callando, las compañías han conseguido
que este año las tarifas queden congeladas, en lugar de reducirse en dos o
tres puntos, como estaba previsto. En el debe del equipo económico del gobierno
hay que registrar, pues, un incumplimiento evidente de la promesa dada a los
consumidores.
A pesar del interesado entusiasmo de José Folgado sobre el nuevo esquema de
tarifas, una subida anual del IPC-1 o aproximadamente -1 no es equivalente
a una defensa de los derechos de los consumidores. Las empresas con un volumen
cuantioso de inmovilizado -como las eléctricas- registran todos los años importantes
ganancias de productividad sólo por el hecho de concluir amortizaciones o
ajustar gastos financieros. La cuestión está en saber cuáles son esas ganancias
anuales y atribuir una parte de ellas -en forma de tarifas más bajas- a los
consumidores. Los países que aplicaron con seriedad la política de IPC-X,
como Gran Bretaña, definieron primero las ganancias de productividad de las
empresas y, en función de esas ganancias, determinaron la X. En algún caso
se aplicaron rebajas de hasta ocho puntos (IPC-8). No hay constancia de que
el secretario de Estado se haya preocupado por tales sutilezas y, si lo ha
hecho, los que pagan el recibo de la luz no se han enterado.
Es muy probable que en las tarifas telefónicas, otro de los pilares de la
política liberalizadora del Gobierno, se dé un escenario tan movedizo como
en las eléctricas. La presión de Telefónica para mejorar sus ingresos tendrá
como consecuencia problema la de que Economía flexibilice los precios de las
llamadas, elimine la obligación de fijar precios según el modelo de IPC-X
y permita una política generosa de descuentos. Obsérvese, en fin, cómo el
Gobierno, en comandita con las empresas eléctricas o telefónicas, fija alegremente
los precios mientras insiste en que el mercado eléctrico y el telefónico están
liberalizados.