SEGURIDAD ELÉCTRICA
EDITORIAL
ABC
27 Enero de 2002
El Ministerio de Economía ha trabajado toda esta semana en la elaboración
de un marco legal, a través de un acuerdo de Consejo de Ministros, que diera
suficiente respaldo jurídico al citado Plan de emergencia, de modo que su
aplicación se pudiera llevar a cabo con plena eficacia en una circunstancia
de causa mayor como la que se produjo a finales del pasado mes de diciembre
en la zona Centro y en Levante. Al final, el vicepresidente Rodrigo Rato ha
decidido que la implicación del Gobierno en todo este proceso podía ser contraproducente,
a la vez que suponía el reconocimiento expreso y oficial de las deficiencias
estructurales que aquejan a la red eléctrica.
La actitud del ministro de Economía puede encontrar cierta legitimidad desde
el momento en que se justifica por el deseo de evitar que cunda la alarma
entre la población, pero también es verdad que el Gobierno puede estar escondiendo
la cabeza bajo el ala ante un peligro que, desgraciadamente, ya se ha puesto
de manifiesto. Los sucesos registrados poco antes de Navidades, derivados
de la ola de frío que por aquellas fechas arreciaba en toda Europa, demostraron
una capacidad de reacción inmediata, pero no es menos cierto que fue necesario
actuar en una situación extrema, recurriendo incluso a planes de deslastre,
con el consiguiente corte de suministro a determinados consumidores para evitar
un colapso generalizado de consecuencias insospechadas. Hay que recordar,
además, que no todas las actuaciones fueron bien acogidas y que algunos Ayuntamientos
se negaron a aplicar la reducción del alumbrado navideño en una actitud que
ahora se interpreta como una anécdota, pero que evidencia, en cualquier caso,
la oposición y dificultad añadida que hay que vencer cuando se improvisan
medidas excepcionales. El mes de enero ha sido más venial, pero el riesgo
existe durante todo febrero y luego, dependiendo de las temperaturas más altas
del verano, los meses de julio y agosto pueden considerarse como una prueba
de fuego para demostrar la verdadera capacidad del sistema eléctrico español.
La simple evaluación de los hechos es suficiente para reconocer la gravedad
del problema, pero, además, existen datos que claman en la elocuencia de lo
que se ha previsto como una alta probabilidad de fallos en el suministro.
La potencia total que alcanza el sistema eléctrico sólo ha aumentado un 14
por ciento en los últimos cinco años cuando la demanda lo ha hecho en un 35
por ciento. A las empresas del sector, el crecimiento del consumo les ha pillado
con el pie cambiado en este periodo, en el que han destinado sus esfuerzos
a un amplio proceso de diversificación, con la consecuente atonía inversora
en la red básica de generación y distribución de electricidad. Las compañías
eléctricas han justificado su estrategia bajo el argumento de la rebaja de
tarifas que ha recortado la expectativa de ingresos, pero el caso es que el
sistema se ha resentido gravemente al punto de que el pasado año sólo entraron
en funcionamiento 941 nuevos megawatios, lo que significa un raquítico 2 por
ciento de la potencia instalada.
En estas condiciones, la potencia disponible ha evolucionado muy por debajo
de la demanda punta, haciendo que ambos indicadores se igualen en torno a
los 37.500 megawatios, lo que significa que no existe prácticamente margen
de reserva y que la cobertura de potencia está bajo mínimos. Éste es el problema
de fondo que subyace con independencia de las decisiones políticas y que exige,
si no un marco legal de medidas excepcionales, cuando menos una clara e inmediata
reparación. En juego está un servicio público esencial en la vida cotidiana
y en la actividad económica que no puede quedar al albur de justificaciones
empresariales y que, por encima de todo, no puede funcionar indefinidamente
como si estuviera prendido con alfileres.
http://www.abc.es/opinion/noticia.asp?id=74501&dia=27012002