EL LIBRO BLANCO Y LA TARIFA ELÉCTRICA

Resumen de Prensa            Enervía, miércoles, 27 julio 2005

FUENTE: ABC por Ignacio Pérez Arriaga


Que la tarifa eléctrica tiene importantes implicaciones políticas parece fuera de toda duda. Basta con observar la notoriedad que reviste su habitual revisión anual en los medios de comunicación y los numerosos artículos de opinión que suscita en la prensa económica. Puede servir como muestra de la importancia que la clase política parece conceder a esta revisión el que el incremento que el actual Gobierno estableció el mes de diciembre pasado para la tarifa eléctrica media o de referencia durante 2005 fue del 1,71% —cuando ya apuntaba la sequía y se conocía el notable incremento de los precios de los combustibles—. El incremento que el anterior Gobierno fijó para 2004 fue del 1,72%.
Desde hace tiempo se viene repitiendo este esfuerzo de los gobiernos por mostrar que han sido capaces de que la tarifa eléctrica crezca lo menos posible, o menos que con el gobierno anterior, o que lo haga por debajo de la inflación.
El Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en España, que hemos elaborado por encargo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que acaba de hacerse público, propone un cambio de paradigma regulatorio. El actual tiene como objetivo el control del crecimiento global de la tarifa, como supuesto indicador del éxito de la política energética y como medio de control de la inflación y de los ingresos de las empresas del sector eléctrico. Pero la tarifa incluye la retribución de actividades tan dispares como las redes de distribución y transporte o la adquisición de la energía en el mercado, sujetas a muchos factores que están fuera del control del Gobierno de turno.
El Gobierno no controla los tipos de interés que determinan la mayor parte de los costes de las empresas eléctricas, ni la hidraulicidad que influye significativamente en el consumo de los distintos combustibles, ni el precio de estos que se fija en los mercados internacionales, ni el precio de los derechos de emisión de CO2 que afecta a los precios de oferta de las plantas de combustibles fósiles, ni la producción total con energías renovables que recibe una prima, ni el crecimiento de la demanda de electricidad que cada año nos coge por sorpresa, ni las indisponibilidades fortuitas de las instalaciones de producción.
Por eso, el Libro Blanco recomienda regular y retribuir correctamente cada actividad individualmente, y sumar los resultados para obtener la tarifa integral y la de acceso para los consumidores que opten por adquirir la energía libremente de un suministrador o en el mercado.
En particular, el precio de la energía que resulte del mercado eléctrico debe estimarse a priori para su traslado a la tarifa y después corregir ésta con los desvíos que correspondan —al alza o a la baja— según resulte el valor real del precio en el mercado. Esta es la manera de acabar con el déficit tarifario y de poder retribuir lo que corresponda a actividades como la distribución, pudiendo establecer una remuneración acorde a su coste eficiente y a la calidad real del servicio.
Pero antes hay que introducir las reformas que permitan confiar en el funcionamiento correcto del mercado, para que el precio de la energía que de él resulte se pueda trasladar a la tarifa.
Tres son las reformas que el Libro Blanco propone, junto con los instrumentos regulatorios para llevarlas a cabo.
Por un lado, se recomiendan medidas que mitigan hasta un punto razonable el actual poder de mercado, originado por la excesiva concentración horizontal de la estructura empresarial vigente.
Por otro lado, se elimina la interferencia que en el funcionamiento del mercado introduce el actual mecanismo de recuperación de los costes de transición a la competencia (ctc) por diferencias. Esta medida viene acompañada de otras que permiten completar la recuperación de los ctc y restablecer un equilibrio adecuado a largo plazo entre las empresas productoras y los consumidores.
Y, finalmente, se diseñan medidas para asegurar un margen adecuado entre la generación disponible y la demanda prevista, de forma que exista permanentemente un exceso de oferta que ayude a conseguir precios más competitivos y garantice un adecuado nivel de fiabilidad en el sistema.
Con estas reformas se pretende que el precio de la energía adquiera el papel central que le corresponde en un marco regulatorio abierto a la competencia como el que establece la vigente ley del Sector Eléctrico y que esta esencial señal económica llegue a los consumidores, para que cada uno responda como le parezca, máxime a la vista del fuerte crecimiento de nuestra demanda de electricidad y del previsible incremento de los precios de la energía a causa de diversos factores de ámbito global.
No puede ignorarse el impacto económico de las tarifas eléctricas, pero tampoco se debe sobrevalorar. Este impacto depende críticamente del tipo de consumidores. En un extremo se encuentran grandes consumidores industriales para los que la energía eléctrica tiene un peso importante en su coste final de producción. La competitividad de estas empresas depende de la diferencia entre el precio de la energía eléctrica que adquieren y el precio al que la compran sus competidores, lo que suscita el problema de la armonización regulatoria internacional, para eliminar las posibles ventajas anticompetitivas que puedan derivarse de la fijación de las tarifas en cada país.
En el otro extremo están los pequeños consumidores en baja tensión, de los que la mayoría son los consumidores domésticos, cuyo gasto medio en electricidad por familia no supera 1,4 euros diarios o un 2,4% del presupuesto familiar.
Contrariamente a lo que mucha gente supone, la electricidad en España y en los países de nuestro entorno económico resulta muy barata —pues no incorpora costes reales como los derivados del impacto ambiental o del progresivo agotamiento de los combustibles fósiles— lo que conduce al despilfarro.
No obstante, se debe seguir insistiendo en medidas que permitan mejorar la eficiencia de las empresas eléctricas y reducir sus costes, precisamente para poder invertir más en calidad de servicio, renovables o I+D en tecnologías limpias.
Se debe, en definitiva, romper el mito de que el éxito de una reforma regulatoria estriba en que el precio de la electricidad baje indefectiblemente.
Ojalá el Libro Blanco pudiera contribuir a un saludable cambio de mentalidad, que permitiera desactivar el uso de la tarifa eléctrica como arma política y la dejase reducida a su ámbito fundamentalmente técnico —«la tarifa no se fija, se calcula»— de forma que el debate político se concentrase en los temas que realmente lo merecen: la dependencia energética, la calidad del servicio, la promoción de las fuentes renovables de energía, la I+D de ámbito energético, la eficiencia en la producción y consumo de energía, el plan de la minería, la sostenibilidad del modelo energético o la contribución española en cooperación internacional para conseguir un acceso universal a formas modernas de energía.


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