GACETA DE LOS NEGOCIOS
26
Noviembre de 2002
A pesar del acuerdo de apertura total de los mercados energéticos, consensuado
por los ministros de Energía de la UE, los Quince siguen manteniendo
importantes divergencias en materia de liberalización en los mercados
de la electricidad y el gas. No es ajena a tal divergencia la postura
francesa, que considera tales suministros como servicios públicos. Se
trata de una postura errónea que esconde una acérrima defensa de la
intervención estatal y la planificación en la economía, que ignora que
los países que han liberalizado algo esos suministros no dejan de considerarlos
servicios públicos, y que la actividad económica que se desarrolla en
libertad genera un servicio público. No por ello es preciso intervenir
ni expropiar dichos servicios de manos de los agentes privados, como
tampoco es conveniente en términos de eficiencia. Francia, que ya bloqueó
a principios de año, en Barcelona, una posible salida a las restricciones
impuestas desde los gobiernos nacionales para la libre producción, transporte
y comercialización del gas y la electricidad, ha declarado estar dispuesta
a aceptar la liberalización propuesta por Bruselas entre 2007 y 2009
para los particulares, cuando la Comisión plantea como fecha 2005, y
con condiciones de vincular la liberalización a un estudio, con conclusiones
favorables de sus efectos sobre empresas y profesionales. Busca así
proteger a sus empresas estatales, EDF y GDF, en detrimento de consumidores
y contribuyentes que financiamos las ineficiencias introducidas en el
sistema. Pero cada Estado busca proteger sus intereses. Así, las barreras
impuestas por Francia a la Península Ibérica para la interconexión de
energía eléctrica con el resto de países le permiten ser uno de sus
principales suministradores. Además, las fijaciones de precios, el establecimiento
de cuotas o compensaciones por pérdidas, los acuerdos sobre la fórmula
que se aplicará para el cálculo de tarifas y las cargas adicionales
para los consumidores, están a la orden del día en un mercado que no
puede, por tanto, considerarse liberalizado.
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