GACETA DE LOS NEGOCIOS

26 Noviembre de 2002


A pesar del acuerdo de apertura total de los mercados energéticos, consensuado por los ministros de Energía de la UE, los Quince siguen manteniendo importantes divergencias en materia de liberalización en los mercados de la electricidad y el gas. No es ajena a tal divergencia la postura francesa, que considera tales suministros como servicios públicos. Se trata de una postura errónea que esconde una acérrima defensa de la intervención estatal y la planificación en la economía, que ignora que los países que han liberalizado algo esos suministros no dejan de considerarlos servicios públicos, y que la actividad económica que se desarrolla en libertad genera un servicio público. No por ello es preciso intervenir ni expropiar dichos servicios de manos de los agentes privados, como tampoco es conveniente en términos de eficiencia. Francia, que ya bloqueó a principios de año, en Barcelona, una posible salida a las restricciones impuestas desde los gobiernos nacionales para la libre producción, transporte y comercialización del gas y la electricidad, ha declarado estar dispuesta a aceptar la liberalización propuesta por Bruselas entre 2007 y 2009 para los particulares, cuando la Comisión plantea como fecha 2005, y con condiciones de vincular la liberalización a un estudio, con conclusiones favorables de sus efectos sobre empresas y profesionales. Busca así proteger a sus empresas estatales, EDF y GDF, en detrimento de consumidores y contribuyentes que financiamos las ineficiencias introducidas en el sistema. Pero cada Estado busca proteger sus intereses. Así, las barreras impuestas por Francia a la Península Ibérica para la interconexión de energía eléctrica con el resto de países le permiten ser uno de sus principales suministradores. Además, las fijaciones de precios, el establecimiento de cuotas o compensaciones por pérdidas, los acuerdos sobre la fórmula que se aplicará para el cálculo de tarifas y las cargas adicionales para los consumidores, están a la orden del día en un mercado que no puede, por tanto, considerarse liberalizado.

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