EDITORIAL CINCO DÍAS

26 de Noviembre de 2002

Los ministros de Energía de la UE alcanzaron ayer un importante acuerdo sobre las nuevas directivas de liberalización de los mercados de electricidad y de gas. Aunque el proceso legislativo está aún lejos de su conclusión, las directivas fijan ya, de modo casi inapelable, los plazos para la apertura a la competencia en los mercados energéticos. El 1 de julio de 2004 los grandes consumidores de energía podrán elegir suministrador; tres años después, el 1 de julio de 2007, esa libertad se extenderá a la totalidad de los hogares europeos.

Francia y Alemania, una vez pasados sus respectivos procesos electorales, han superado sus reticencias a continuar un proceso de liberalización que se inició en 1996. La experiencia de estos cinco años ha sido positiva, según la Comisión Europea, pues los precios se han reducido y en ningún país se ha producido una crisis de suministro como la que aconteció en California. Pero la disparidad en el grado de apertura de los mercados entre los diferentes países de la UE amenazaba la coherencia de un incipiente mercado único. La expansión del monopolio público francés, Électricité de France (EDF), hizo insostenible el atrincheramiento de París en contra de una liberalización más profunda.

Las nuevas directivas deben igualar, a partir de 2007, las condiciones de competencia de todos los actores y contribuir a la integración de los mercados europeos. La armonización legal debe ir acompañada, si se quiere aspirar a un mercado único de electricidad y gas y a sus correspondientes beneficios, por grandes inversiones en la interconexión de las redes europeas, aún divididas en compartimentos estancos por países.

Las nuevas leyes aspiran a imponer a los operadores verticales una saludable división legal y contable entre las actividades de generación, transporte y suministro de energía. Esta separación debe asegurar un trato equitativo de los antiguos monopolios hacia los nuevos competidores, a los que deberán ofrecer idénticas condiciones de acceso a la red que a sus subsidiarias. Lo malo es que se ha aplazado también a 2007 la aplicación efectiva de esa separación e, incluso, se contempla que entonces algún país pueda pedir una excepción a la ley si su antiguo monopolio no ha discriminado a ningún competidor entre 2004 y 2006. Es el precio del apoyo de Francia y Alemania a las directivas.

La postura francesa, en cambio, ha servido para impregnar las directivas de un beneficioso concepto de garantía del servicio universal que la Comisión Europea parecía dar por asumido. Y, aunque la directiva no lo exija, los poderes públicos deberían garantizar también que el mercado liberalizado no caiga presa de un oligopolio de tres o cuatro empresas sin competencia efectiva entre sí. El Gobierno español, uno de los principales impulsores del proceso de la liberalización energética, podría aprovechar este avance definitivo para imprimir también competencia al sector nacional. Privatizar no equivale a liberalizar, como ha recordado la propia Comisión Europa más de una vez.

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