LIBERALIZACIÓN
Y BATALLA ENERGÉTICA
EDITORIAL EXPANSIÓN
26 Febrero de 2002
Pero ahora cobra especial relevancia, en un momento en el que España requiere
unas inversiones de miles de millones de euros para asegurar el suministro
energético a la población. Con ese importante punto de referencia, el cruce
de acusaciones en voz alta no es muy edificante.
Hubiera sido más aconsejable un diálogo civilizado con el Gobierno para favorecer
ese proceso inversor. También la Administración ha contribuido en los últimos
años a crear ese nerviosismo en las empresas, al sembrar incertidumbre con
un reguero de disposiciones que cambian cada poco tiempo la regulación del
sector.
Con todo, las últimas decisiones del Ejecutivo pueden servir de base para
reorganizar el sector de acuerdo con el sentido común. La nueva regulación
del gas natural, aunque con mucho retraso sobre el calendario previsto, dota
de una seguridad razonable a los agentes e inversores. También el plan de
inversiones energéticas presentado por el Gobierno la semana pasada es una
oportunidad para diseñar un marco estable, que garantice el suministro de
energía al mínimo coste posible hasta el año 2010.
La discusión real del sector radica en la determinación de ese coste mínimo.
Las eléctricas dicen que el Gobierno ha reducido tanto las tarifas de la luz
que ya no compensa invertir ni producir energía. Mientras, aseguran, el gas
sí tiene una elevada retribución.
La cuestión, por tanto, radica, más que en las diferencias de liberalización
entre ambos mercados, en las tarifas reguladas. El gas es la referencia del
coste de producción de electricidad, ya que va a ser el combustible de todas
las nuevas centrales. Por tanto, las tarifas de la luz tienen que estar referenciadas
a las variaciones de precios del gas.
Es en este punto donde el Gobierno debería equilibrar ambos sectores. Parece
urgente el establecimiento de un método objetivo para fijar la tarifa de la
luz, según los costes de la materia prima y los financieros, igual que se
ha hecho con el gas natural.
Otro asunto distinto, y de peor tratamiento, es el grado de competencia que
existe en los mercados del gas y la electricidad. La realidad es que, pese
a los esfuerzos liberalizadores, en ambos existen claras deficiencias. Los
clientes no tienen verdadera capacidad de elección de suministrador, por la
escasa diferencia en las ofertas de las empresas.
Al mismo tiempo que el Gobierno crea un marco más transparente para las tarifas
reguladas, habría que impulsar medidas para que exista un verdadero mercado
de precios competitivos. Especialmente, sería necesario promover la neutralidad
de los propietarios de las redes, para que puedan ser utilizadas por todos
los operadores.
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