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Un buen marco que necesita cambios
Resumen de Prensa InterMoney Energía, martes, 25 abril 2006
FUENTE:
Por Javier de Quinto en El Economista
El Gobierno surgido en 2004
se encontró con que el modelo que el PP inició en 1996 y cuyo hito mas reseñable
es la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, a pesar de sus logros, presentaba síntomas
de agotamiento. Y es que los modelos suelen adecuarse correctamente durante los
primeros tiempos pero, se evidencian efectos no deseados, disfunciones o distorsiones,
que primero aconsejan la revisión de muchos parámetros del modelo, para finalmente
dar paso a un modelo nuevo.
La regulación debe ser estable pero no estática.
Debe responder a cambios en las condiciones macroeconómicas, las necesidades de
los demandantes, las condiciones de la oferta o las posibilidades tecnológicas.
Pero los cambios regulatorios deben ser razonables, progresivos y, en la medida
de lo posible, predecibles, porque los agentes deben tener la capacidad de valorar
el riesgo regulatorio.
A pesar de las muchas normas que desarrollaron
y perfeccionaron el modelo marginalista de la Ley 54/1997, diversas razones aconsejaban,
en 2004, si no un cambio radical, al menos un profundo replanteamiento del modelo.
Una es que el Protocolo de 1996 que inicia el proceso contemplaba una revisión
del modelo en 2001, que nunca se produjo. Otra es que países pioneros en la introducción
de mecanismos de mercado en el sector eléctrico, como el Reino Unido, abandonaron
un modelo muy parecido al nuestro. Y otra es que el precio del mercado (por diversas
razones) no genera confianza, por lo que diversos gobiernos (del PP y del PSOE)
han venido fijando la tarifa eléctrica sin tomar en consideración el precio de
mercado (spot).
Efectivamente, a partir de 2002 los costes de los combustibles
se elevan y los costes de transición a la competencia (CTC), que venían siendo
un mecanismo de price cap (fijación de precios), dejan de ser cobrados y por tanto
pierden efectividad. Estos hechos, junto a una estructura de mercado altamente
concentrada y verticalmente integrada, hacen que el precio spot se dispare y que
la evolución de la tarifa integral progrese con moderación. Fruto de todo ello
y de la falta de un mecanismo automático corrector de desviaciones, es la generación
año a año de enormes déficit de recaudación en la tarifa (3.830 millones de euros
en 2005, por ejemplo), que se cobrarán laminados hacia el futuro (y si no, la
tarifa hubiera aumentado, solo por esto, un 25 por ciento en 2006). Este déficit
tarifario hace muy difícil competir a los comercializadores sin generación.
Se
podría argumentar que la tarifa integral podría recoger las subidas de precio,
por altas que estas fueran, pero el problema es que en un mercado marginalista
a muy corto plazo (para el día siguiente), la máxima subida de uno de los combustibles
que se usan para generar arrastra la remuneración de todas las tecnologías, lo
que produce unos beneficios sobrevenidos posiblemente excesivos. Por ejemplo,
puede no ser razonable pagar el barril (159 litros) de agua a más de 72 dólares.
En otras palabras, cualquier extracoste que afecte a la tecnología marginal, por
ejemplo los derechos de emisión de CO2, los paga el consumidor no sólo a las centrales
que combustionan, sino a todas.
El Gobierno del PSOE inició este proceso
de reflexión encargando un Libro Blanco y lo continuará con nuevas normas, que
parecen ir en la dirección a corregir las disfunciones comentadas y de potenciar
y hacer más transparente la contratación de energía a plazos mayores al día siguiente
(principalmente porque el papel de los compradores puede ser más activo), y desincentivando
el ejercicio de poder de mercado tanto a nivel horizontal como vertical.
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