EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

ARTÍCULO ESTRELLA ECONÓMICA
23 de Agosto de 2002

POR PRIMO GONZÁLEZ
El Gobierno ha aprovechado el mes de agosto para lanzar una importante aviso a las compañías eléctricas: la limitación de los aumentos de tarifas anuales. Y ha fijado un horizonte temporal nada menos que de diez años. Hasta el año 2010 las eléctricas no podrán elevar sus tarifas anuales más allá del 2%, porcentaje que coincide con el objetivo de inflación que en los últimos años ha puesto el Banco Central Europeo para el conjunto de la eurozona. Al 2% citado se le da una consideración de subida máxima, de forma que en función de los costes y de diversas variables, la subida definitiva será del 2% menos algo. Ese algo rebajará el aumento de cada ejercicio, lo que significa que las eléctricas van a seguir desempeñando un papel esencial en la contención de la inflación en España.

El sector eléctrico español ha invertido poco en producir electricidad durante los últimos años, enfrascado como ha estado en otras aventuras empresariales relacionadas con la diversificación, en especial hacia el sector de las telecomunicaciones. Desde el punto de vista de los consumidores, lo que interesa es que la electricidad sea lo más barata posible, pero también que exista una garantía alta de suministro y de seguridad en el mismo. La capacidad de las empresas eléctricas para invertir en nuevas instalaciones con las que atender el crecimiento de la demanda es un elemento esencial de la política sectorial y por lo tanto las empresas deberían contar con la holgura financiera suficiente para abordar las inversiones necesarias en aumento de capacidad de generación eléctrica. Si las nuevas tarifas logran aportar esa suficiencia financiera, la medida del Gobierno limitando los aumentos estaría bien diseñada. Cabe dudar, sin embargo, de que los parámetros en los que se van a mover los costes empresariales del sector durante los próximos años sean capaces de ajustarse a unos límites de crecimiento prefijados.

La cuantía máxima de la subida, el momento de su anuncio y la cuantía final del incremento, que dependerá de una serie de factores, no han sentado nada bien a las compañías, sorprendidas por lo súbito y lo inesperado del anuncio, aunque mirando con cierta perspectiva la historia reciente de las tarifas eléctricas en España, casi se puede decir que el 2% de subida máxima es una auténtica bendición. En los últimos cinco años, el precio de la electricidad ha bajado un 17% para los consumidores finales, aunque en términos reales, cuando se contempla la inflación, la caída ha sido sensiblemente mayor. Si alguien no ha contribuido a atizar la inflación en España han sido precisamente las tarifas eléctricas, reguladas por los Gobiernos desde siempre. No se podría decir lo mismo del amplio sector servicios, en el que se incluyen actividades tan inflacionistas en estos últimos tiempos como la hostelería o el turismo. Ni tampoco, desde luego, del coste de los pisos, un bien que debe ser considerado de primera necesidad y que no está bien medido en el IPC pero que está teniendo un peso desproporcionado en el bolsillo de los españoles.

La fijación de esta limitación tarifaria para la electricidad se produce en vísperas de la plena liberalización del sector eléctrico español de cara a la clientela. A partir de enero próximo, los 22 millones de consumidores españoles de electricidad van a tener la posibilidad de decidir la compañía con la que quieren tener contratado el servicio eléctrico, una medida que abre las puertas a un trasiego potencial de clientes entre compañías eléctricas, a pesar de la aparente dificultad que ello implica. La producción y distribución de electricidad ha estado en España tradicionalmente compartimentada, de forma que cada una de las compañías se especializaba en un área geográfica concreta en la que tenía sus centrales de producción y sus redes de distribución y transporte y, por tanto, sus clientes. Este esquema, que llegó a ser denominado “monopolio natural regulado”, va a experimentar un vuelco espectacular a partir de enero próximo. Lo que todavía no está claro es cómo un consumidor doméstico de Vigo puede contratar la electricidad con Fecsa, empresa catalana que tiene su central en el río Ribagorza de Lérida. La liberalización del acceso, la libertad para elegir al suministrador de electricidad, será, en todo caso, efectiva dentro de unos meses, tras el ensayo ya realizado en más de 60.000 consumidores industriales que en los últimos años han disfrutado ya de esta posibilidad.

Se trata, en todo caso, de una liberalización relativa, ya que la competencia por la búsqueda de clientes no parece que vaya a traducirse en una competencia de precios y en eventuales descensos de éstos. La competencia en precios, y la posibilidad de una bajada de los mismos, debería ser la lógica conclusión de una liberalización. En este caso, no. No está clara cuál va a ser la razón por la que los consumidores van a poder hacer uso de este nuevo derecho de cambio de proveedor de electricidad si se excluye la ventaja comercial de un precio más bajo. Liberalizar con precios oficiales y, al parecer, muy ajustados, no se sabe muy bien a quién puede beneficiar.

Estrella Económica