EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

EDITORIAL CINCO DÍAS
23 de Agosto de 2002

La nueva metodología propuesta por Economía para las tarifas eléctricas hasta el año 2010, que el ministerio hizo pública el miércoles, rompe con seis años consecutivos de tendencia a la baja del recibo de la luz. A la vez, responde a las intensas presiones de las empresas, que han llegado a condicionar las inversiones y, por tanto, la calidad del servicio no sólo a un cambio en la actual fórmula -fijación anual de las tarifas en función del IPC-, sino también a que se frene la bajada de los precios de la electricidad (un 30% en términos reales en los últimos seis años).

Economía ha propuesto que el incremento de las tarifas sea durante los próximos ocho años de un 2% anual, es decir, el IPC previsto para 2003 menos un porcentaje a determinar cada año en función de diversas variables, como la demanda o la evolución de los tipos de interés. Es una fórmula que proporciona a las compañías parámetros estables y concede un plazo lo suficientemente holgado como para que puedan diseñar y ejecutar sus planes de inversión. Sin embargo, el mismo miércoles, las empresas pusieron la proa a la propuesta del Gobierno por el límite de la inflación a las subidas.

El proceso negociador sigue abierto y el secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pymes, José Folgado, que consideró ayer 'lógicas' las demandas del sector, anunció 'un cierto acercamiento en las posiciones'. Nadie duda que exigir un marco tarifario a largo plazo sea imprescindible para que una empresa pueda decidir sus planes. Sin embargo, la conciliación de los intereses de las compañías -y sus inversores y accionistas- con los intereses de los consumidores -empresas y particulares- es un difícil encaje de bolillos que debería resolver el mercado y no un intervencionismo del que ni el Gobierno ni el sector eléctrico han sabido o querido desprenderse.

La nueva metodología tarifaria es urgente. Antes de finales de año debe aprobarse el real decreto que la regule para que entre en vigor en enero de 2003, coincidiendo con la liberalización total del mercado eléctrico. Es de prever que la patronal Unesa ejerza toda su presión en las próximas semanas. De hecho, estas negociaciones han sido la principal razón por la que se volvió a poner al frente a Íñigo de Oriol, el más veterano y experto de los presidentes del sector.

El Gobierno ya ha incumplido su compromiso de bajar la tarifa para el consumo doméstico un 9% en tres años. Ahora está obligado al menos a que de esas reuniones salga una fórmula que asegure precios competitivos -tanto para las empresas consumidoras como para los particulares- y suficiencia de oferta, pero que al tiempo no disminuya la capacidad inversora de un sector al que se debe exigir una calidad en el servicio que ha sido discutible en demasiadas ocasiones.

Pero éste debe ser sólo un paso más en la liberalización de un sector al que, tal vez más que a ninguno en España, aún no ha llegado la competencia real. Como prueba, simplemente, las citadas negociaciones.

Cinco Días