HACIA
UN MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE PARA ESPAÑA
OPINIÓN
CINCO DÍAS
23 de Mayo de 2002
La difusión en 2001 del Libro Verde de la Comisión Europea hacia una
estrategia europea de seguridad de abastecimiento ha abierto un debate,
como se pretendía, que por ahora sólo se está produciendo a nivel de
especialistas. Algo insuficiente, ya que se trata de un tema clave para
el bienestar futuro de los europeos -y también del resto de los habitantes
del planeta-, por lo que sería muy conveniente potenciar el debate para
que la opinión pública interviniera.
Aunque el título del Libro Verde sugiere que el objetivo es meramente
la garantía del abastecimiento, el documento se encuadra en una estrategia
más amplia de desarrollo sostenible. Este artículo examina la situación
del modelo energético español desde esta misma perspectiva, revisando
los que consideramos principales aspectos.
Dependencia energética. Llama especialmente la atención la elevadísima
dependencia de España, agravada por la baja eficiencia energética del
sistema productivo español, después del deterioro sufrido en la última
década, así como la baja intensidad en la lucha contra el cambio climático.
Constituye, por tanto, una tarea urgente la aplicación de políticas
correctoras que incidan tanto sobre la demanda como sobre la oferta.
Mientras que el grado de dependencia actual de la UE es del 50%, España
supera el 70% y por extrapolación las previsiones sobre su crecimiento
no parecen mejorar.
Para reducir esta dependencia -por sí misma y por sus implicaciones
sobre la vulnerabilidad del suministro energético español-, la diversificación
de fuentes y de orígenes de las materias primas energéticas, junto con
la potenciación de las energías autóctonas (especialmente renovables)
y la progresiva interconexión con las redes energéticas de los países
de la Unión -desde el punto de vista de la oferta-, y las políticas
de ahorro y eficiencia energética y de gestión de la demanda -desde
el punto de vista del consumo- son los vectores de política energética
que tienen que estar perfectamente claros, al igual que las estrategias
para alcanzar sus objetivos.
Medio ambiente. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, el
compromiso adquirido con la firma del Protocolo de Kioto de 1997, y
tras el reparto de cargas en el seno de la UE, requiere que España no
supere el 15% de aumento entre 1990 y 2010 de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Sin embargo, las emisiones de CO2 han aumentado
ya más del 33% entre el año base (1990) y 2000. En este sentido, la
potenciación de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética
y -en la cuantía que sea finalmente necesaria como alternativa a otras
energías más contaminantes- la mayor penetración del gas natural como
combustible son, de nuevo, las líneas maestras que debería seguir nuestra
política energética, todavía en estado de indefinición.
No debe confundirse la propuesta de plan de expansión de las redes eléctricas
y de gas, que ha sido presentado por el Gobierno en el Congreso en marzo,
con un verdadero plan energético, que debe ser indicativo en las actividades
liberalizadas -como las inversiones en generación ordinaria-, pero que
ha de establecer objetivos y recursos para conseguirlos en aquellas
otras actividades parcialmente sujetas a regulación, como son las energías
renovables o la cogeneración.
Liberalización del sector. Sin embargo, la formulación teórica de la
política del Gobierno se ha centrado prioritariamente en las denominadas
políticas de liberalización de los sectores energéticos como fórmula
para mejorar la competitividad de la economía, con el consiguiente abaratamiento
esperado de precios.
Con independencia de un análisis del verdadero alcance de estas medidas
liberalizadoras, que de momento están lejos de haber conseguido un entorno
verdaderamente competitivo en el sector energético y donde las reducciones
de precios pueden atribuirse en buena parte al incremento de la demanda
y a la caída de los tipos de interés, puede afirmarse que esta prioridad
ideológica del Gobierno por la liberalización de los mercados energéticos
ha consumido la mayor parte de sus esfuerzos, resintiéndose significativamente
los otros dos aspectos fundamentales del modelo: la seguridad y calidad
de su provisión, así como los efectos medioambientales asociados a su
consumo.
En ausencia de otras medidas complementarias -como la fiscalidad medioambiental-,
la reducción de precios de los productos energéticos conduce a un incremento
del consumo, con un mayor impacto ambiental.
No se trata aquí de negar los efectos beneficiosos que una auténtica
competencia debe tener sobre la eficiencia del sector energético, sino
de llamar la atención sobre la falta de una estrategia definida que
contemple medidas adicionales para mantenerse dentro de los parámetros
de un desarrollo sostenible.
Nuevas estrategias. Sin abandonar la línea de regulación para la competencia,
que debe constituir una política permanente y adaptada a la evolución
que vayan experimentando estos mercados, a todas luces imperfectos,
y por las razones anteriormente expuestas, entendemos que el Gobierno
debe hacer una profunda revisión de sus estrategias en el marco energético.
Las nuevas estrategias deberían ir orientadas al aseguramiento de la
cobertura de la demanda energética, tanto en sus aspectos cuantitativos
como cualitativos (hoy ya existe especial preocupación por la cobertura
eléctrica y probablemente a corto plazo por la cobertura de gas natural),
así como al diseño de políticas efectivas en la lucha contra el deterioro
medioambiental y, en particular, el cambio climático, asociados al consumo
energético.
La aplicación de la estrategia de aseguramiento del abastecimiento,
en el ámbito eléctrico, se concreta en políticas de refuerzo de los
mecanismos de garantía de potencia, en coherencia con una planificación
indicativa sobre la oferta de generación. Asimismo, parece que un tratamiento
regulatorio más adecuado de las redes de distribución acabaría con la
incertidumbre que gravita sobre las eléctricas respecto a la recuperación
de las inversiones en estas redes y que está suponiendo ya un problema
real sobre la calidad del suministro en determinadas zonas.
Es imprescindible un compromiso claro y rotundo sobre el fomento de
las energías renovables creando un marco de seguridad para sus inversiones.
En este sentido, se debería realizar un adecuado seguimiento del grado
de cumplimiento de lo previsto para cada tecnología renovable en el
plan de diciembre de 1999, actualizando los objetivos a cubrir, fijando
indicadores para su seguimiento anual por el Congreso de los Diputados,
así como asegurando los mecanismos de financiación, pues el plan actual
se está perfilando como una pantalla mediática que impide ver con claridad
el escaso avance que en términos reales están teniendo en nuestro país
las energías renovables, excepción hecha de la eólica.
Hay que plasmar en términos prácticos el convencimiento de que la única
solución sostenible y fiable al cambio climático es la intensificación
de las energías renovables y la eficiencia y ahorro energético. Por
ello hay que tender a una política de precios en la que se internalicen
todos los costes -incluidos los medioambientales- y a una política de
fiscalidad energética que discrimine positivamente las energías renovables
para el cumplimiento de los objetivos del nuevo plan.
Instrumentos de mercado, tales como los sistemas de comercio de certificados
verdes o de emisiones, pueden también contribuir positivamente, siempre
que se planteen con un adecuado nivel de exigencia en los objetivos
medioambientales a conseguir.
En cuanto a la eficiencia y ahorro energético, es necesario desarrollar
una estrategia de concienciación y educación de los ciudadanos sobre
la necesidad del desarrollo sostenible, lo que implicará nuevas pautas
del consumo y hasta nuevas concepciones de la geometría urbanística,
agrupando áreas de vivienda, de trabajo y de servicios para minimizar
el uso del transporte y, en los casos en que su uso sea necesario, potenciar
la utilización de los transportes colectivos.
Hay que tener en cuenta que el sector del transporte en España tiene
un peso sobre el consumo final de energía del 43% y, además, que en
2010 supondrá el 40% de las emisiones de CO2 de origen energético. En
este sentido debe potenciarse la introducción de biocombustibles, como
forma eficaz para reducir emisiones. Asimismo, es necesario diseñar
estrategias encaminadas a la sustitución del transporte de mercancías
por carretera (un 80%) por el transporte en ferrocarril.
En el ámbito eléctrico, el Gobierno debería recuperar los programas
de gestión de la demanda, como la propia Ley del Sector Eléctrico recoge,
aplicando a estos programas un 0,5% de los ingresos anuales por facturación
del sector y, asimismo, como también establece la ley, se debe recuperar
la iniciativa PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética), mediante
la aplicación del 1% de la facturación del sector eléctrico para la
financiación de las medidas de fomento que se consideren en el citado
plan. La gestión de este nuevo PAEE podría desarrollarse desde las comunidades
autónomas bajo la coordinación general del IDAE.
El modelo energético español adolece de multitud de fisuras, y algunas
de gran importancia, desde la doble perspectiva de la seguridad de abastecimiento
y de la sostenibilidad medioambiental.
Sin embargo, partiendo de la situación actual, es posible reconducirlo
hacia posiciones más próximas a la concepción de sostenibilidad, mediante
un conjunto de actuaciones fundamentalmente orientadas al fomento de
las energías renovables y la eficiencia y ahorro energético. Es imprescindible
que, en un tema de este calado, se abra un debate que, liderado desde
el Parlamento español, ayude a la toma de decisiones estratégicas al
conjunto de la sociedad acerca de los tres elementos básicos que conforman
el modelo energético: nivel de seguridad y calidad en el abastecimiento
deseado, efectos colaterales medioambientales asumibles y costes asociados
al modelo elegido.
http://www.5dias.com/articulo.html?xref=20020523cdscdiopi_5&type=Tes&anchor=cdsopiB00