LA SUBIDA DE LAS TARIFAS ELECTRICAS

EDITORIAL EXPANSIÓN
22 de Agosto de 2002

Recientemente, un alto directivo de una conocida compañía eléctrica afirmaba, no sin retintín, que con las limitaciones impuestas por los compromisos europeos –cesión de la soberanía monetaria y pérdida de autonomía presupuestaria– la única política que le queda al Gobierno es la regulación de las tarifas eléctricas.

Dicho y hecho: el Ministerio de Economía anunció ayer que durante los próximos ocho años el máximo de subida de las tarifas de electricidad será del 2 por ciento anual.

La decisión fue recibida por las compañías del sector con triple sorpresa: por la difusión en sí –cuando las negociaciones emprendidas en julio estaban a mitad de camino–, por el momento elegido –en plenas vacaciones de agosto– y por el contenido de la misma –confiaban en convencer al equipo de Rato de establecer un modelo más flexible de fijación de tarifas–. Respecto a las dos primeras interrogantes, probablemente se trata de una estrategia negociadora.

Según algunas interpretaciones, el vicepresidente Rato habría querido desactivar la fuerte presión ejercida por las compañías –hay que recordar que Íñigo de Oriol fue nombrado presidente de la patronal Unesa con el mandato casi exclusivo de dirigir las conversaciones– mediante un contundente pronunciamiento público, de forma tal que a partir de ahora el sector sólo podrá discutir algunos aspectos del nuevo sistema.

Pero más importante que las estratagemas de salón es el contenido de la decisión. ¿Tiene sentido establecer un modelo con un límite de aumento del 2%, una tasa que coincide con la previsión de inflación? La buena noticia es que, al menos, habrá un sistema estable.

Las eléctricas se han quejado los últimos años, y con razón, de que la potestad tarifaria del Gobierno, que anualmente determinaba la evolución de la factura para empresas y particulares, les condenaba a una situación de incertidumbre incompatible con una planificación adecuada de sus inversiones. A partir de ahora, el establecimiento de criterios objetivos de la formación de tarifas, como los costes, la demanda o los tipos de interés, permitirá a las compañías prever mejor sus ingresos y gestionar sus negocios con un menor grado de inseguridad.

Por contra, la mala noticia es que el Ejecutivo ha optado por establecer un tope de subida que, como decía el alto directivo arriba mencionado, no es más que la expresión de una discutible decisión de política económica.

Y lo discutible no es que el Ministerio de Economía trate de contener la inflación –propósito por el contrario, muy loable, que contribuirá a reforzar la estabilidad macroeconómica–, sino que lo haga a través de la regulación estricta de las tarifas eléctricas, en la que además no se tiene en cuenta, aparentemente, el principio de suficiencia que ha de regir el contrato implícito entre el Estado y las empresas presentes en el sector.

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