La encrucijada energética

Resumen de Prensa            Enervía, martes, 18 octubre 2005

FUENTE: Por Vicente López-Ibor en Expansión


Este difícil comienzo del otoño nos ofrece, desde el ángulo económico, un gran debate en el seno del sector energético.
Un debate menos ordenado y coherente de lo que sería, a mi entender, adecuado, pero un debate, al fin, animado por dos acontecimientos singulares: la presentación del denominado Libro Blanco sobre la Energía, encargado por el Gobierno al profesor Pérez Arriaga; y el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de Gas Natural, que pretende el control de Endesa. La sucesión de los acontecimientos no es banal en la interpretación de estos hechos. El Libro Blanco ha supuesto un esfuerzo importante de ordenación, análisis, crítica y recomendaciones sobre un aspecto central del funcionamiento actual del sector eléctrico en España, como es el mercado mayorista de generación, instituido por la Ley sectorial de 1997.
El estudio subraya que la sociedad española deberá enfrentarse a graves problemas energéticos en las próximas décadas, así como que vivimos en la actualidad un "gran atasco regulatorio", para, a continuación, entrar a repasar pormenorizadamente gran número de cuestiones de interés sectorial, desde las formas contractuales de participación en el sector eléctrico, dentro o fuera del mercado spot organizado, al análisis de los costes de transición a la competencia por diferencias, el tratamiento del déficit tarifario y la garantía de potencia, los problemas que aquejan a la
regulación y retribución de la distribución, o la posición desde la que los operadores principales participan en las ofertas y adquisiciones en el pool eléctrico.

Poder de mercado
El informe afirma inequívocamente que existe poder de mercado, y que éste responde a una estructura empresarial excesivamente concentrada, teniendo en cuenta las dimensiones del mercado sobre el que actúa.
Entre las principales recomendaciones que plantea el informe, a fin de corregir el mencionado 'poder de mercado' y, tal como se señala expresamente en el texto, sin "pretender eliminar la posibilidad de manipular precios", se postula limitar la denominada 'capacidad efectiva' de producción. Fórmula o recomendación con la que personalmente disiento por razones jurídicas, por la afectación que supone a derechos subjetivos fundamentales, pero también regulatorias y económicas.
Por otro lado, la OPA de Gas Natural sobre Endesa expresa, en su propia configuración, otro modelo de reordenación energética, consecuencia de la distinta estructura empresarial sectorial a la que conducirá, caso de prosperar.
Por todo ello, el debate de fondo, desde la triple perspectiva del mercado, la regulación y la competencia, no es en modo alguno menor. Como tampoco lo es si se observa en términos de examen sobre la correlación o no entre la suma de grandes empresas y los eventuales beneficios para el consumidor. Con la OPA como telón de fondo han ocurrido, además, no pocas cosas estas semanas. Algunas sectoriales, como el poco edificante intento de desgaste de Unesa. Y otras desde la libertad empresarial, como la estratégica toma de posiciones de ACS en el sector energético.

Añadiré por mi parte algunas breves reflexiones y comentarios adicionales:

a) Sobre la politización
Si por politización se entiende la intervención u orientación por parte de los poderes públicos de las decisiones de sociedades o entidades, que actúan en condiciones de mercado, mi posición es radicalmente contraria. No hay razones que justifiquen estas actuaciones de presión o invasión en la España de hoy. [Y no es, por cierto, un buen camino la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, en este caso en lo referente al sector energético (arts. 154 y 133), que manifiesta la voluntad expansiva de control político sobre sectores liberalizados].
Por el contrario, si por politización se entiende promover un debate energético abierto y exigente, sin complejos, sobre disponibilidad y alternativas para España de fuentes energéticas, crecimientos de demanda y oferta competitiva, tamaño de los mercados relevantes, interrelación social y normativa entre energía y medio ambiente, promoción y coste de las energías renovables: alcance de Kioto, etcétera, mi actitud es absolutamente favorable a que la sociedad española se beneficie de la necesaria transparencia y urgencia de un debate público de estas características. Antes de que nos confrontemos -y no sólo por un precio del crudo alrededor de los 70 dólares barril, que sería razón suficiente- con un escenario más complicado. Mucho más complicado.

b) Sobre el tamaño o dimensión de los mercados.
España es parte actuante del mercado interior de la energía, aunque este nuevo espacio económico sectorial se encuentre en la actualidad desequilibrado e incompleto. Además, no cabe olvidar que la normativa comunitaria es parámetro de legalidad de las disposiciones nacionales, sobre todo cuando los ordenamientos internos se conforman sobre la base de directas transposiciones de normas europeas. La Comisión Europea debe fijar con claridad su posición sobre la realidad contradictoria, o cuando menos desigual, que ofrecen el tamaño de las empresas y el tamaño de apertura de los mercados en determinados Estados de la Unión. O rigen las mismas reglas en todos y cada uno de los países, o no será suficiente, con ser importante e ilustrativa, la afirmación del último informe de la Comisión sobre el grado de cumplimiento del mercado eléctrico: "la estructura del mercado constituye un grave problema en la UE [...] sólo aquellas regiones que disponen de un número adecuado de operadores, es decir, Reino Unido y los países nórdicos han sido capaces de poner en marcha un mercado competitivo en todos los niveles".

Reformas
Y hablando de regiones, hagámoslo de la creación del Mercado Ibérico. En el citado Libro Blanco sobre la Energía se lee "en estos momentos, las reformas que se propongan para el mercado mayorista de electricidad en España son ya, necesariamente, reformas que se enmarcan dentro del ámbito del Mercado Ibérico y que deben analizarse dentro de este contexto". Estoy de acuerdo con esta afirmación. ¿o es que acaso el Mercado Ibérico no es, en términos jurídicos y económicos, como espacio regional, una 'parte sustancial' del mercado interior eléctrico?

c) Sobre regulación y competencia.
Cabe recordar, en primer lugar, que, en los mercados regulados, los términos económicos son condición necesaria, pero no suficiente, para el éxito de la oferta.
Los sectores industriales de red abiertos a la libre competencia y los procesos de liberalización son extraordinariamente complejos en sus mecanismos de funcionamiento y aún más en los de regulación. Por eso, y para dotados de mayor transparencia y eficiencia, se orientan al mercado y la competencia, desde la vigilancia de nuevas autoridades de regulación. Dos instancias de regulación y competencia participan en la vigilancia e impulso de estos mercados: la comunitaria y la nacional. Si hemos dicho anteriormente que la Unión debe asegurar un único mercado real de la energía, en los mismos términos cabe afirmar que la aplicación del principio de transparencia obliga, a tales instancias, a conocer, por razones de regulación, de competencia, o de las dos, aquellas situaciones cuya eventual incidencia -actual y futura, real o potencial- en el mercado parece difícilmente cuestionable.
Finalmente, cabe recordar que los modernos modelos de regulación económica confían esta tarea a autoridades especializadas e independientes. En nuestro caso, la Comisión Nacional de Energía. Y que la independencia, tantas veces invocada y cuestionada en estos casos, se expresa, a mi parecer, al afirmar neutralidad de juicio ante expedientes concretos. Ésa es la autoridad del regulador.
Unas y otros, empresas y reguladores, tienen ante sí, en los próximos meses, una gran oportunidad para resolver, desde la serenidad técnica y el análisis de los beneficios para el mercado, los consumidores y las empresas, esta nueva encrucijada energética.


www.expansion.com