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La encrucijada energética
Resumen de Prensa InterMoney Energía, martes, 18 abril 2006
FUENTE:
Por Julián López Milla en Expansión
La constitución del Mercado Interior
de la Energía es, probablemente, uno de los proyectos más ambiciosos que se ha
planteado la Unión Europea (UE) desde su creación. Siendo la energía un factor
de producción esencial, generalmente insustituible, en cualquier proceso productivo,
y un bien imprescindible para que los consumidores puedan disfrutar de muchas
de las comodidades que ofrece la sociedad actual, parece difícil hablar de un
verdadero Mercado Único Europeo mientras no se haya completado ese proyecto. El
hecho de que la Comisión Europea esté elaborando un Libro Verde para definir una
“Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura”, o la importancia
que se ha otorgado a la política energética en la última reunión de Jefes de Estado
y de Gobierno de los veinticinco, constituyen dos buenas pruebas de ello.
Sin
embargo, la puesta en marcha del Mercado Interior de la Energía se enfrenta a
obstáculos de naturaleza muy diversa, entre los que, sin ánimo de ser exhaustivos,
podemos citar los siguientes:
- La falta de unas redes de transporte de
gas y electricidad que permitan la integración física del mercado, cuestión que
resulta especialmente relevante en el caso de España, adonde no llegan las tuberías
que canalizan, hasta las fronteras del Este de Francia y el Norte de Italia, el
gas ruso que permite a la UE cubrir más del 60% de la diferencia entre sus necesidades
y disponibilidades (por otra parte, muy concentradas en tres países: Noruega,
Holanda y Reino Unido). La situación geográfica de España también dificulta la
conexión de su sistema eléctrico (del que se suele decir que es una isla) con
el del resto de países de la UE. Lógicamente, los Estados ubicados en el centro
de Europa no tienen este problema, pues “ven pasar” las redes de transporte que
interconectan (aunque sólo sea parcialmente) el conjunto de los mercados energéticos
europeos.
- Las diferencias que existen entre los distintos países en la forma
de satisfacer las necesidades energéticas de sus empresas y consumidores: el gas
natural no tiene le mismo grado de penetración en todos ellos, el origen geográfico
de sus abastecimientos de gas es muy diferente (en algunos, la producción autóctona
es muy elevada, y entre aquellos que apenas disponen de gas, como España, no existe
un patrón común en las importaciones), la composición del parque de generación
por tecnologías también varía mucho... Estas diferencias son fruto de singularidades
propias de cada país (ubicación geográfica, acceso a recursos naturales...) u
obedecen a decisiones adoptadas en el pasado (por ejemplo, sobre el grado de utilización
de la energía nuclear) que aún van a seguir influyendo en la configuración de
los sistemas energéticos durante muchos años.
- El distinto impulso otorgado
a las políticas de liberalización de los sectores energéticos: mientras algunos
países han ido más rápido, y más allá, de lo establecido por las Directivas Comunitarias,
otros se encuentran rezagados, e incluso se resisten a adoptar los cambios impuestos
por las mismas. Así, se advierten notables diferencias entre los marcos normativos
existentes en los distintos Estados y entre las formas en que organizan sus sectores
energéticos: en unos, se ha limitado más la concentración horizontal que en otros,
y lo mismo se puede decir en cuanto al grado de integración de los negocios de
gas y electricidad. También existe un panorama muy variado en cuanto a presencia
de l sector público en el accionariado de las empresas energéticas.
Diferencias
de precios
Al carecer de un mercado energético verdaderamente integrado,
se registran diferencias significativas entre los precios que se pagan en los
distintos países, tanto a nivel mayorista como minorista. La reacción de algunos
de los Estados miembros ante esta falta de integración ha sido agruparse para
constituir mercados más reducidos, donde las diferencias que hemos expuesto anteriormente
se presentan con menor intensidad. Es el caso de Dinamarca y los países nórdicos,
que disponen de un mercado común desde hace años, o de Francia, Alemania y los
países del Benelux, que han revelado recientemente su voluntad de seguir el mismo
camino. El proyecto que comparte España y Portugal para crear el Mercado Ibérico
de la Electricidad se enmarca en ese contexto, aunque, lamentablemente, su puesta
en marcha se ha retrasado ya varias veces.
La OPA de E.ON sobre Endesa
ha puesto de manifiesto que el merado de control corporativo no parece estar sujeto
a restricciones tan importantes como las que afectan al mercado energético europeo.
A algunos países, como el Reino Unido, no les ha importado esta asimetría y, simplemente,
han permitido que una buena parte de su sector energético cayese en manos de empresas
extranjeras. En otros países, el Estado ha procurado mantener una participación
más o menos elevada, pero siempre relevante, en el capital de alguna de las principales
compañías del sector: es el caso, por ejemplo, de Italia (donde la presencia pública
en Enel supera el 30%), Alemania (donde el 31% de RWE, la primera compañía eléctrica
del país, se encuentra en manos de las Administraciones Locales), Portugal (donde
el sector público es el principal accionista de EDP y Galp), y Francia (donde
el Estado controla EDF y GDF, y acaba de evitar que Suez sea adquirida por Enel).
Nadie
puede negarle a Francia su compromiso con el proyecto europeo desde que éste empezó
a gestarse, ni se puede criticar a las autoridades galas por su falta de ganas
a la hora de continuar impulsándolo (recordemos que lo han hecho incluso en contra
de la voluntad de la mayoría de los votantes, como quedó patente en el referéndum
sobre la Constitución Europea). Sin embargo, al actual primer ministro francés
no le preocupa afirmar que la presencia pública en EDF, la gran compañía eléctrica
del país vecino, no se va a reducir por debajo del 85% (a pesar de que una ley
le permite rebajarla hasta “sólo” el 70%), ni enfrentarse a las autoridades comunitarias
para mantener los mercados energéticos menos liberalizados de la Unión Europea.
Tampoco le produce ningún problema (más bien al contrario: los franceses no el
habrían perdonado que no lo hiciera) impulsar la fusión de GDF y Suez para evitar
que esta última compañía caiga en manos de la italiana Enel. El canciller Schröder
impulsó decididamente la compra de Ruhrgas por E.ON, en contra del criterio de
los órganos que defienden la competencia en Alemania, estableciendo, al mismo
tiempo, que las autoridades germanas se reservaban el derecho de decidir acerca
del destino de los activos gasistas de E.ON (que generan la mayor parte de su
volumen de negocio) en caso de que esta sociedad cayera en manos de unos nuevos
propietarios.
Mercados Liberalizados
En su día, las autoridades
españolas vendieron casi todas sus participaciones en el sector energético (el
Estado sólo mantienen participaciones relevantes en los operadores de los sistemas
eléctrico y gasista, como ocurre en casi toda Europa), permitieron que EDP se
hiciera con el control de Hidrocantábrico y Naturgas, y que Enel comprara una
parte de los activos de Endesa para introducirse en España a través de Viesgo.
Y, aunque nuestros mercados energéticos no son los más liberalizados del continente,
sí que presentan un grado de apertura mayor que los de Francia, Italia y Alemania.
Por tanto, debemos quitarnos de encima el complejo que nos lleva a pensar que
tenemos que demostrar todos los días que somos más europeístas que nadie. Ya hemos
dado muestra de nuestro compromiso con el proyecto europeo en bastantes ocasiones
(por ejemplo, el pasado 20 de febrero de 2005), y tenemos tanto derecho como los
demás a preocuparnos por nuestros intereses que, como nos demuestran otros Estados
miembros, no siempre tienen por qué coincidir con los del resto de la Unión Europea,
sobre todo cuando se invoca un mercado integrado que no existe.
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