La OPA sobre Endesa y el dilema (relativo) del Gobierno

Resumen de Prensa            InterMoney Energía, martes, 17 enero 2006

FUENTE: Por Alfonso-Luis Calvo Caravaca en Expansión


El Gobierno tiene ya en su poder toda la información necesaria en torno a la opa de Gas Natural sobre Endesa (básicamente, los informes de la Comisión Nacional de la Energía y del Tribunal de Defensa de la Competencia) y se dispone a resolver el gran dilema: si autoriza o no la operación empresarial más polémica de lo que llevamos de siglo en España. La decisión ha provocado una gran expectación, amplificada por las repercusiones políticas de la opa. El contenido del informe el Tribunal de Defensa de la Competencia, que aconseja rechazar la operación, ha crispado todavía más los ánimos. Algunos analistas, apóstoles del estrépito, se preguntaban días atrás con tono retador si el Gobierno podía permitirse el lujo de revocar el informe del Tribunal. La credibilidad del organismo, señalaban, está en juego.

Los hechos, examinados con desapasionamiento, son menos dramáticos. El Consejo de Ministros no tiene que revocar ni confirmar ningún informe, ni de su decisión depende la credibilidad de institución alguna. Lo único que ha de hacer es adoptar soberanamente una resolución, para lo cual se puede ayudar, entre otras opiniones, de los dictámenes especializados de la CNE -a favor de autorizar la OPA con condiciones- y del TDC -partidario de rechazarla-. Ambos órganos ejercen una función consultiva, de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, y, por tanto, el Gobierno puede libremente atender, o no, a los razonamientos que en ellos se incluye. Y en la hipótesis de que se aparte de las recomendaciones, su única obligación sería argumentar por qué lo hace.

Dictámenes contradictorios

A estos efectos, el hecho de que ambos dictámenes sean contradictorios en sus conclusiones puede resultar chocante, pero no es raro ni relevante para la decisión final. Tampoco sería ninguna anormalidad, como se ha querido hacer ver, que el Ejecutivo resolviera en sentido distinto a la recomendación del Tribunal. Ha pasado con relativa frecuencia en España (así fue en operaciones promovidas por Sara Lee, Logista, Heineken, Mahon y Ecvi, todas ellas entre 1997 y 2000), y es también habitual en otros países (el caso de E.On y Rhurgas, en Alemania, es muy llamativo por su parecido con la OPA sobre Endesa). También tiene su lógica que así ocurra. Si el legislador reserva al Gobierno la decisión final sobre los asuntos de competencia es porque cree que tiene una visión más amplia y puede considerar mejor aspectos relacionados con el interés general (como “el progreso económico y social”, según se lee en la Ley de Defensa de la Competencia) que un órgano especializado.

El cómo de la decisión es, pues, menos colorista de lo que pudiera parecer a simple vista. ¿Y el qué de la decisión? ¿Cuál debe ser el contenido de la resolución del Ejecutivo? También aquí hay motivos para hacer un llamamiento a realizar una reflexión serena. Frente al tremendismo de los que creen que la concentración de Gas natural y Endesa sería un golpe terrible para la competencia en el sector energético nacional, el análisis objetivo de la operación apunta en otra dirección.

En primer lugar, porque la integración de ambas compañías no supone la desaparición de ningún competidor importante. A día de hoy, ni Endesa tiene una presencia activa en el mercado de aprovisionamiento y comercialización del gas, ni Gas Natural puede presumir de ser un actor relevante en la generación y comercialización de electricidad. Es posible argüir que ese escenario no es el ideal desde el punto de vista de la sana competencia, pero ésa es una situación de hecho no provocada por la operación, y, como ha establecido el Tribunal Supremo, las decisiones sobre competencia deben tratar de evitar que las restricciones sean mayores que las existentes, y no intentar arreglar el mundo con limitaciones que atentan contra la libertad de mercado.

Impacto de la competencia

En segundo término, porque la propuesta de Gas Natural tampoco reduce la competencia en los sectores afectados. En particular, no se aprecia ningún cambio significativo en el mercado de servicios denominados de doble combustible (electricidad y gas), ya que todos los suministradores importantes de electricidad tienen ofertas competitivas y, al contrario que Endesa, se han asegurado suministros de gas estables. Es cierto que la concentración, aplicada de forma lineal, puede alterar de forma negativa los niveles de competencia en ámbitos o áreas geográficas determinadas, pero, precisamente para resolver ese problema, Gas Natural sugiere un plan de desinversiones que, razonablemente, restaurará la situación. En otro plano, tampoco se aprecian problemas serios para la competencia por la propiedad simultánea de redes de gas y de electricidad (lo que se denomina el efecto conglomerado). La experiencia internacional no valida la presunción de que esa situación supone necesariamente la introducción de barreras de entrada en el mercado. De hecho, la Comisión Europea y otros reguladores admiten con naturalidad la existencia de distribuidores combinados de gas y electricidad, por los beneficios asociados a la gestión integrada de ambas redes.

Finalmente, hay un argumento, en rigor no relacionado con los principios de la competencia, que el Gobierno debería tomar en consideración antes de decidir sobre la operación: las ventajas del tamaño para competir en una economía global. Esta apreciación es, desde el punto de vista sectorial, muy importante para un país como España, que tiene significativas carencias energéticas, sobre todo en lo que se refiere al autoabastecimiento. Pero lo es también desde el punto de vista general. La economía española necesita compañías fuertes y sólidas que sean capaces de destacar en los mercados internacionales y sirvan de cabeza tractora para el resto del tejido empresarial. En este sentido, las últimas noticias no son demasiado alentadoras. El diario británico Financial Times ha publicado recientemente su clasificación de las 500 mayores compañías del mundo de 2005 por capitalización bursátil. En ella figuran ocho empresas españolas, dos menos que el año anterior, y todas ellas han retrocedido posiciones. Es sólo un ranking, pero merece una reflexión. Éstos son, sucintamente, los datos que están sobre la mesa. Ahora le toca al Gobierno armar una decisión para resolver el dilema (no tan grande ni tan complejo como pudiera parecer) de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Hay que confiar en que acierte, por el bien de todos.



www.expansion.com