El dictamen de Bruselas

Resumen de Prensa            Enervía, miércoles, 16 noviembre 2005

FUENTE: Editorial de ABC


EL Colegio de Comisarios decidió ayer dejar en manos españolas el análisis de la opa de Gas Natural sobre Endesa. Esta decisión, que en circunstancias normales encajaría en el normal tira y afloja sobre las competencias entre las autoridades comunitarias y las de un país miembro, se produce, sin embargo, en medio de un clima político enrarecido que enturbia el proceso normal de la operación financiera. Los veinticinco comisarios, de forma colegiada y a petición de la titular europea de Competencia, Neelie Kroes, han aprobado una propuesta que advierte que en 2004 tanto Gas Natural como Endesa realizaron en España más de dos tercios de su facturación europea, por lo que la operación no tiene dimensión comunitaria.

Así que ahora serán los organismos reguladores y de competencia españoles, y en última instancia el Gobierno, los que decidan sobre la oferta de compra de Gas Natural sobre Endesa. A ellos, y en último término, a los accionistas, corresponden las decisiones siguientes sobre esta operación. A nuestros organismos reguladores ha de exigírseles el mayor rigor y transparencia posibles para salvaguardar de cualquier sospecha de parcialidad por razones políticas (véase el último ejemplo de la CNE) su autorización o rechazo. Porque después de la decisión de Bruselas aún quedan importantes requisitos por resolver para conseguir un mercado eficiente y competitivo y tutelar los intereses de todos los afectados, incluidos quienes deben ser los principales actores: consumidores y accionistas.

La decisión de la UE, que supone un paso importante en la ya larga marcha de la opa, se basa en que la operación no tiene la dimensión comunitaria exigida para que sea la comisaria de la Competencia la que decida. Rechaza los ajustes contables propuestos por Endesa y se atiene a las cuentas auditadas. Lo hace tras casi dos meses de tensa espera y con un procedimiento poco habitual, ya que la Comisión se pronunciaba cuando la comisaria, sometida a un alud de presiones, podía haber tomado la decisión por sí sola. Precisamente ayer, Kroes anunció que pedirá cambiar la norma comunitaria «de los dos tercios» para que Bruselas examine más opas, lo que significa que, de prosperar esta petición, la operación entraría de lleno en el ámbito de actuación comunitario, exactamente lo que defiende Endesa, que ahora sale objetivamente perjudicada. Esto es así porque el anuncio de la comisaria de cambiar las reglas del juego se produce después de que la UE haya decidido que la opa sea analizada exclusivamente en España, cuando en el futuro una operación de este calibre pasaría ineludiblemente por Bruselas.

Comienzan ahora los plazos para que decidan los organismos reguladores españoles y para las acciones de recurso que anuncia Endesa. El Tribunal de Defensa de la Competencia tiene dos meses, hasta el 6 de enero, para emitir su dictamen. Tras su decisión, que no es vinculante para el Gobierno, éste decidirá posteriormente en Consejo de Ministros. Será a partir de entonces, y en caso de que haya superado todos los trámites, cuando la CNMV pueda autorizar la oferta. En este proceso sería deseable que primaran los intereses de consumidores y accionistas. Sin olvidar, claro está, cualquier hecho que tenga trascendencia e implicaciones para la propia opa, pero siempre sin envenenar lo que debe ser también un debate que clarifique los aspectos sustanciales de la operación: su conveniencia o no para lograr un mercado energético más eficiente.

Por ello es primordial atenerse al cumplimiento de una serie de condiciones que ya esbozó el pasado 8 de noviembre la Comisión Nacional de la Energía, que emitía un informe favorable, pero con diez condiciones, una decisión criticada tanto por la división de sus miembros en la votación como por aceptar argumentos distintos a los que hace apenas dos años emitió para rechazar la opa de Gas Natural sobre Iberdrola. Con serias advertencias se pronunció también el Servicio de Defensa de la Competencia, que avisaba entre otros problemas del monopolio resultante en gas y electricidad en cinco comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares y Canarias. Por todo ello remitía el dictamen al Tribunal de Defensa de la Competencia, al que toca examinar varios puntos polémicos: desde la venta de activos, suficiente y en condiciones, para evitar situaciones de monopolio, a la exigencia de contrapartidas para rebajar la alta concentración en gas y electricidad derivada de la operación.



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