La soberanía energética como objetivo

Resumen de Prensa            InterMoney Energía, lunes, 12 junio 2006

FUENTE: Por Pedro Rivero Torre en Cinco Días


En el marco del debate que se desarrolla hoy en la sociedad, la superposición de conceptos como nacionalismo energético y gestión energética, puede inducir a reducir de manera apreciable la importancia del tema que realmente subyace en esta cuestión.

Es cierto que hasta hace un par de décadas, el debate en Europa se centraba en la naturaleza de la titularidad de las compañías energéticas, como una cierta expresión de la capacidad de los Estados por mantener el control sobre un sector considerado estratégico. No olvidemos que la aparición del Estado como propietario principal de gran parte de la industria de la energía se produce al término de la II Guerra Mundial y, precisamente, como respuesta a la reconstrucción que debía llevarse a cabo en el Continente.

La excepción más relevante a esa regla la constituyó España, que mantuvo la estructura privada de la mayoría de sus empresas y para llegar más allá sectorialmente, se dio paso, de un lado, a Endesa y, de otro, a la propia Unesa, como garante de la necesaria coordinación sectorial a la hora de optimizar la gestión, acomodándola al logro del objetivo del suministro al consumidor final de este bien esencial.

Superada aquella etapa histórica, en una etapa todavía reciente los sectores energéticos se fueron remodelando de manera dispar según los países, al impulso de las iniciativas nacidas casi siempre en Bruselas. En unos casos, como España o el Reino Unido, se optó por ir con rapidez a sectores netamente privados y en régimen de competencia; en otros, se ralentizó el proceso y se mantuvo la estructura de la propiedad pública, que hoy siguen conservando.

Sin embargo, en estricta sintonía con los nuevos planteamientos de liberalización económica que se consolidan en Europa, lo que se cambia de manera radical es la estrategia de fondo. La titularidad de las empresas, con ser cuestión relevante, podría decirse que pasa a un segundo plano, para dar cabida a dos planteamientos nuevos, que se busca aplicar de manera compatible entre sí. Se trata de: la constitución real de un mercado continental y la soberanía de cada país en el diseño de su propia estrategia energética, por más que se trate siempre de hacerla de forma compatible con los intereses comunitarios.

Lo que en este momento se está jugando en Europa es el papel de cada empresa en la creación del Mercado Único y ahí no deberá suceder que la competencia entre ellas se vea asimétricamente protegida o desprotegida por el hecho de que unos Gobiernos hayan decidido poner en el mercado sus empresas y otros todavía no. Esta necesidad justifica sobradamente una regulación distinta por países, que restablezca los equilibrios y oportunidades en la estrategia hacia los campeones europeos de todos aquellos agentes que tengan nervio y voluntad para ello.

Planteada así, la soberanía energética engloba ese conjunto de factores que a una nación le permiten ser dueña de sus propias decisiones. Es el caso de su regulación energética, de su capacidad de autoabastecimiento, de su grado de independencia respecto a terceros países, de su apuesta tecnológica, de su estrategia para la eficiencia y el ahorro, o, en fin, de su política en el ámbito medioambiental. En definitiva, bajo esta concepción, la soberanía energética no resulta muy diferente de la capacidad de cada nación para diseñar y hacer cumplir su propio modelo.

Todos los indicadores nos marcan que el camino debe de basarse en políticas a medio y largo plazo, concebidas desde ópticas globales, capaces de conjugar al unísono la gestión de la demanda y la gestión de la oferta, muy orientadas a la investigación sobre nuevas tecnologías y, en definitiva, con la capacidad necesaria de diversificación de sus fuentes primarias.

Si se acepta esta línea argumental, no cuesta ningún esfuerzo admitir en simultáneo que la soberanía energética toma su fundamento en la existencia de un consenso social e institucional lo suficientemente amplio y sólido como para permitir políticas basadas en modelos regulatorios que vayan más allá de las legislaturas parlamentarias y las lógicas alternancias en la gestión del Poder y que permitan su aplicación y presencia en ámbitos nacionales y supranacionales, manteniendo cada Estado las reglas que permitan que sus empresas puedan jugar el papel que deseen, en igualdad de oportunidades reales con sus competidores potenciales en su territorio y, sobre todo, en el mercado interior único.



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