Apagones en Extremadura en vísperas de la nueva ley de Ibarra para multar a las eléctricas

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El Ministerio de Economía ultima la normativa para medir la calidad del suministro que debe agilizar la reclamación de compensaciones

 

La avería en un línea de alta tensión provocó ayer nuevos apagones de entre 10 minutos y hora y media en distintos puntos de Mérida que alcanzaron, incluso, la calle donde reside el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Los cortes de luz se reproducen en la semana en que el Ejecutivo extremeño ha remitido al Parlamento el polémico anteproyecto de ley con el que Ibarra quiere multar con hasta 3 millones de euros (500 millones de pesetas) a las eléctricas por cortes de suministro no autorizados.

La compañía Sevillana de Electricidad, del Grupo Endesa, justificó los cortes de luz que afectaron a zonas del centro, sur y norte de Mérida por el fallo de una línea de alta tensión que se propagó por toda la red. Según el servicio técnico de Sevillana de Electricidad, este desperfecto no tiene relación con el apagón que estaba anunciado para ayer en la zona de las calles Los Maestros, Ventosillas y Juan de Ávalos, que se efectuó desde las nueve de la mañana hasta poco después del mediodía.

 

La avería se produce al término de la semana en la que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha remitido a la Asamblea el anteproyecto de Ley de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico, que prevé sanciones de hasta 500 millones de pesetas a las compañías eléctricas por cortes de luz superiores a tres minutos. Precisamente el jefe del ejecutivo extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, reside en una de las calles que se vio afectada ayer por los apagones.

 

La polémica nueva normativa obligará a las empresas a reducir el 20% de la factura mensual a los abonados afectados por interrupciones de una hora en el suministro, reducción que se incrementará en dos puntos porcentuales cada hora. Las únicas causas que eximirá a las empresas de responsabilidad por la falta de continuidad en el suministro serán la denominadas de "fuerza mayor", como condiciones meteorológicas que no se hayan producido en diez años en la zona afectada por el corte de luz y los cortes deberán venir precedidos de un permiso específico de la Junta y de la comunicación 48 horas antes a los alcaldes y consumidores de los municipios afectados.

 

Nueva normativa

 

Mientras se discute la capacidad normativa de la Junta para imponer estas sanciones, el Gobierno de Madrid ultima ya la normativa que debe unificar los criterios a seguir por las eléctricas para medir la calidad del suministro, paso previo a la definición del nuevo modelo que pretende agilizar la reclamación de indemnizaciones por cortes eléctricos.

 

Economía tiene ya en sus manos el informe que al respecto elaboró la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tras escuchar a las empresas del sector y, en breve, la Dirección General de Política Energética publicará una resolución en la que quedará fijado el procedimiento de unificación, que entrará en vigor en enero de 2003.

 

Fuentes de la patronal eléctrica Unesa, que desconocen las matizaciones introducidas por la CNE en su propuesta, explicaron a Efe que la nueva normativa establecerá los procedimientos técnicos para medir el grado de cumplimiento en la calidad del suministro.

 

Según Unesa, no pretende establecer sistemas de sanción, sino fijar los mecanismos para poder aplicar los supuestos sancionables que fijó el Gobierno en el Real Decreto de 1 de diciembre de 2000 sobre calidad del suministro. La patronal apunta que la "filosofía del decreto" iba encaminada a simplificar los trámites de reclamación por cortes en el suministro, de forma que el consumidor sea compensado directamente en la factura eléctrica con descuentos sin tener que presentar una queja.