Brasil incumple los contratos de privatización energética con las empresas españolas

Resumen de Prensa            Enervía, miércoles, 27 julio 2005

FUENTE: Expansión


El cambio unilateral del Banco Nacional de Desarrollo en el esquema de financiación amenaza con paralizar proyectos de inversión de 300 millones. El Club de Exportadores pide oficialmente la intervención del Gobierno.

Las denuncias sobre las amenazas que para las empresas españolas suponen los cambios legislativos y de regulación de los contratos, especialmente en Argentina y Venezuela, que recogía el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la Inversión Directa Europea en América Latina, se han extendido también a Brasil. El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha solicitado la intervención del Gobierno español para defender a las empresas afectadas por el cambio unilateral en contratos de energía y que amenaza con paralizar inversiones de 300 millones de euros.

En unos momentos en que las denuncias por corrupción contra el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula da Silva se multiplican y que han costado el cargo al ministro jefe de la Presidencia brasileña, José Dirceu, inversores españoles como Dragados Industrial, su filial Control y Montajes Industriales (CYMI), y Abengoa, han denunciado la “situación de indefensión”. Se quejan de la decisión del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de modificar las condiciones de financiación de los contratos de privatizaciones energéticas, una vez adjudicados los proyectos.

El informe remitido por el Club de Exportadores e Inversores a la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio de España y a la Embajada de Brasil en Madrid recuerda lo sucedido durante la crisis energética que sufrió Brasil a finales de la década de los noventa. El Gobierno invitó a inversores extranjeros a participar en la privatización del sector de transmisión de energía, ofreciendo unas líneas de financiación en condiciones especiales a través del BNDES.

Inversores españoles como Dragados Industrial, CYMI y otras empresas, participaron en los procesos de subasta. Estas compañías recibieron doce concesiones de líneas de transmisión de energía.

El esquema de financiación empleado por todas las empresas españolas ha sido la utilización de un préstamo puente, con garantía corporativa, durante el periodo de construcción. Este préstamo se sustituía por una financiación a largo plazo del BNDES, que entraba en vigor cuando finalizaba la construcción del proyecto. Unas condiciones que, como señala el presidente del Club de Exportadores e Inversores, Balbino Prieto, “ha sido la base de la viabilidad de la inversión, pues permite a las empresas liberar la garantía corporativa en el momento de la entrada en vigor del préstamo y utilizar un modelo de Project Finance”.

Los 300 millones de euros invertidos hasta la fecha por las empresas españolas representan en torno al 30% de la inversión total comprometida. Incluye las tres nuevas concesiones adjudicadas a Control y Montajes Industriales y Abengoa, en septiembre de 2003, y que entrarán en operación en el último cuatrimestre de 2005.

Sin embargo, las empresas afectadas denuncian que una vez aprobada la financiación de los proyectos por parte de la dirección del BNDES y “pendientes sólo del desembolso de los fondos, la citada entidad ha establecido de forma unilateral que BNDES podrá, a su exclusivo criterio; devolver la carta de la fianza”. Este cambio transforma la obligación inicial del banco brasileño en un mero derecho a devolver o no el aval inicial.

Alegaciones del Club
Ante esta situación, el escrito remitido por el Club de Exportadores al Gobierno español y a la representación diplomática de Brasil en España, destaca que las consecuencias inmediatas de esta modificación unilateral reducen la posibilidad de futuras financiaciones al extender el aval inicial a toda la vida del préstamo. Además, transforma las adjudicaciones actuales en proyectos con recurso a los accionistas frente al esquema de Project Finance previsto en el momento de la subasta y ofrecido por el Gobierno de Brasil.

En palabras de Balbino Prieto, “se trata de una situación que no sólo refleja una falta evidente de estabilidad jurídica y de respeto a las reglas del juego sino que, además, es muy posible que haga inviables los proyectos de inversión por el considerable encarecimiento de los costes financieros que representan”.

Brasil es uno de los nueve países prioritarios en la política de internacionalización del Ministerio de Industria que, el pasado mes de febrero, presentó el Plan Brasil, que cuenta con unos apoyos financieros próximos a 680 millones de euros aportados por el ICEX, CESCE y Cofides, además del Fondo para Estudios de Viabilidad.

Ecuador vulnera el acuerdo bilateral de Cooperación Financiera
Pero no sólo es Brasil. También en Ecuador se ha producido una clara vulneración unilateral de los acuerdos del Programa de Cooperación Financiera Hispano-Ecuatoriano que, de concretarse, supondrá el hundimiento de proyectos de inversión de empresas españolas, especialmente en los sectores energético y educativo.

Alegando el mandato legal de reducir el endeudamiento público con el objetivo de disminuir el coeficiente entre deuda y PIB un 16% en el período 2004-2006, el Gobierno de Quito ha remitido una carta al embajador de España en el que le comunica su decisión de “no financiar con créditos” los proyectos sociales para la mejora de la calidad educativa, incluidos dentro del citado Programa. Informa también el Ministerio de Economía de Ecuador que su Ejecutivo tampoco contratará los créditos destinados a proyectos de electrificación fotovoltaica para comunidades indígenas.

Y, asimismo, se anulan las operaciones previstas para el desarrollo de los sistemas de información turística, porque “ahora no se encuentran dentro de las prioridades del Gobierno y, además, está previsto realizar una operación similar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” El Programa de Cooperación Financiera Hispano-Ecuatoriano prevé ayudas españolas al país centroamericano por 300 millones, que se instrumentarán mediante créditos comerciales y con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, de los que prácticamente no se ha ejecutado nada.

Entre las empresas españolas afectadas por el cambio normativo unilateral del Gobierno de Ecuador figura Unión Fenosa, que había obtenido hasta diez concesiones para proyectos de electricidad y no ha podido ejecutar ninguno. Además están Isofotón, Eductrade y Expansión Exterior.