La burocracia ralentiza las infraestructuras energéticas y frena el desarrollo industrial

Resumen de Prensa            Enervía, martes, 26 julio 2005

FUENTE: ABC


La empresa irlandesa ESBI (Electricity Supply Board of Ireland) ha comunicado que desiste de continuar con el proyecto de construcción de una central de ciclo combinado de gas natural de 800 MW de potencia en Los Corrales de Buelna (Cantabria), «por la imposibilidad de firmar una opción de compra de una parcela en un nuevo polígono industrial que se iba a levantar en esta localidad, tal y como contemplaba el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre».
Esta decisión es un ejemplo más de los problemas que generalmente tienen las compañías que quieren ampliar las infraestructuras energéticas del país. Además, agrava el déficit energético que sufre Cantabria y condiciona la instalación de grandes empresas en esa región.
ESBI es una compañía pública que tiene en su haber dos hitos: por un lado, fue la primera del mundo en construir una central de ciclo combinado de gas (Dublín, 1979); por otro, ha sido también la primera empresa extranjera que ha levantado una planta de este tipo en España. Se trata de la central situada en Amorebieta (Vizcaya), en cuyas inmediaciones estallaron unos explosivos el pasado día 12 de este mes. Esta planta entrará en operación comercial en pocas semanas.
Un portavoz de ESBI afirma que, después de año y medio, las autoridades del gobierno cántabro -PSOE-PRC-no han firmado la opción de compra y los terrenos requeridos aún no cuentan con la calificación de industriales. «Esta situación imposibilita el inicio de los trámites administrativos pertinentes para poner en marcha la planta», subrayó.

Inversión de 500 millones de euros
El proyecto preveía una inversión de 500 millones de euros y daría trabajo a 800 personas en la fase de construcción de la central y a 250 cuando estuviera funcionando en 2009. Además, el ayuntamiento de Los Corrales de Buelna dejará de percibir unos 250 millones de euros anuales por el impuesto de Actividades Económicas (IAE).
El mismo portavoz explica que el problema no sólo es para ESBI, sino también para el resto de empresas que tenían previsto instalarse en ese polígono industrial.
Las reacciones no se han hecho esperar y el presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha dicho que los inversores han perdido «la confianza y la credibilidad» en el gobierno cántabro por su «incapacidad». Diego recordó que el PSOE y el PRC «se pasaron la campaña electoral poniendo como bandera la industrialización de la región» y que en 2004 el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, dijo que apoyaba al 100% las tres centrales de ciclo combinado previstas en la región por encima de cualquier ecologista que se pusiera por delante». Contra el proyecto de ESBI, sin embargo, no ha habido movimientos importantes de rechazo, sino que se ha tratado de un tema puramente burocrático entre las autoridades locales y regionales.

Responsabilidad de la Comisión
El portavoz parlamentario del PSOE, Martín Berriolope, acusó a Diego de ignorar que «el Plan Energético Regional no puede contemplar estas instalaciones, que las adjudica la Comisión Nacional de Energía». El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, ha considerado «normal» lo ocurrido, ya que ESBI tenía una idea «que ni siquiera era un proyecto». Desde la coalición PSOE-PRC también se ha comentado que esta eléctrica irlandesa no había solicitado las correspondientes licencias ni había realizado los estudios de impacto medioambiental. «Estas acusaciones carecen de sentido, porque si no tenemos los terrenos no podemos definir el proyecto», afirma el portavoz de ESBI. En cualquier caso, esta compañía irlandesa tiene varios emplazamientos alternativos para construir esta central.
Hace pocas semanas, el presidente de Red Eléctrica Española, Luis Atienza, declaraba en una entrevista a ABC, sobre los problemas burocráticos, que «los procedimientos administrativos son extraordinariamente largos. Levantar una línea eléctrica se tarda entre seis y ocho años de media. De ese tiempo, la construcción física de la línea sólo dura 18 meses. Esto, en un país donde la demanda crezca al 1%, no pasa nada. Pero aquí, donde crece al 7%, en cuanto te descuidas, no llegas».
Atienza también se refería en estas páginas al rechazo social a las grandes infraestructuras energéticas. «Tenemos un grave problema social de aceptación de estas infraestructuras que, además, es creciente. Nadie quiere tener una línea de alta tensión o una central eléctrica cerca de sus casas».

Ni centrales ni líneas
El presidente de REE ponía el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde la oposición de algunos partidos políticos, asociaciones de vecinos y grupos ecologistas está impidiendo que se construya una sola planta de generación eléctrica. «Además, ni quieren las centrales ni las líneas eléctricas que tienen que traer la luz de otras comunidades limítrofes», subrayaba Atienza.
En nuestro país existen al menos tres líneas eléctricas de alta tensión que acumulan diez años de retraso. Se trata de la de Soto (Asturias)-Penagos (Cantabria), Lada (Asturias)-Velilla (Palencia) y Vic-Baixas (Cataluña). Ésta última se conectaría con Francia y daría servicio al AVE.