Fuente: Expansión
Los Quince instaron al Ecofin en
Sevilla a seguir avanzando en el diseño del código del buen gobierno de las
empresas, unas normas de conducta que pretenden impedir la traslación e casos
como el de Enron a Europa y que darán pautas para la retribución de directivos.
El caso Enron, la quiebra de
mayor cuantía en la historia empresarial, preocupa y mucho en el Consejo
Europeo. Hasta el punto, que los jefes de Estado y de Gobierno han encontrado
un hueco en sus discusiones y, en consecuencia, en la declaración de principios
de Sevilla. En ella, los líderes europeos advierten que una serie de
“acontecimientos recientes”, en alusión a la bancarrota de la compañía
energética norteamericana, entre otros, “han puesto de manifiesto la
importancia de una gestión sana de las empresas, especialmente de aquellas que
actúan en los mercados de capitales”.
Bajo esta premisa y el mandato
incluido en la cita económica del Consejo el pasado marzo en Barcelona, los
Quince han ampliado el periodo de reflexión al grupo de expertos encargado de
confeccionar este código de buena conducta sobre la gobernanza corporativa con
objeto de perfilar las recomendaciones “idóneas” para la gestión y las
auditorías empresariales.
Pero no se anclan aquí. Los
jefes de Estado y de Gobierno consideran necesario definir “el papel de los
directivos sin funciones ejecutivas”, así como de los "órganos de
vigilancia” y supervisar las fórmulas de retribución del personal con contrato
de alta dirección para determinar “las responsabilidades” que se puedan derivar
de sus actuaciones en “información financiera y prácticas de auditoría”.
El ministro de Asuntos
Exteriores español, en declaraciones a EXPANSIÓN, fue aún más claro. “Es
importante que estos códigos obtengan el consenso y sirvan de guía de comportamiento
para que las empresas se adapten a las exigencias de la globalización y definan
mejor la responsabilidad de los consejeros que no forman parte del equipo
directivo”, señala Josep Piqué.
En su opinión, estas normas, que
no deben ser obligatorias como corresponde a “la tradición de las economías más
avanzadas”, deben, en cambio, concretar “criterios claros de remuneración de
directivos de empresas que están en los mercados de valores”.
Hasta ahora, el grupo de alto
nivel que preside el holandés Jaap Winter, responsable de las comisiones del
consejo de Unilever, aboga por que cada país confeccione su propio código a
partir de unos principios comunes que garanticen su armonización por entender
que afectarán necesariamente a las legislaciones mercantiles de cada socio, con
sus particularidades específicas. Además, el Informe Winter, en su redacción
actual, refuerza el grado de responsabilidad de los miembros del consejo de
administración e insta a las firmas a explicar su nivel de adecuación al código.
La versión definitiva del
documento, que se entregará a la presidencia danesa que comienza en julio,
incluirá un análisis sobre la independencia de agentes económicos como
consultores, auditores y analistas financieros y otro sobre la necesidad de fijar
normas específicas a los pequeños accionistas y los cambios en la regulación de
opas.