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Las petroleras que operan en Bolivia califican de confiscatoria la nueva Ley de Hidrocarburos
Resumen de Prensa Enervía, lunes, 21 marzo 2005
FUENTE:
ABC
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que agrupa a las petroleras extranjeras que operan en aquel país y entre las que se encuentra la española Repsol YPF, afirma que la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Congreso es «regresiva y contraproducente» para los intereses de Bolivia. Este país posee la segunda mayor reserva de gas de Iberoamérica.
Además, subraya que si la citada ley es aprobada esta semana por el Senado «se producirá una confiscación de las inversiones realizadas».
Repsol YPF posee importantes yacimientos de petróleo y gas en Bolivia y participa en un importante proyecto para exportar gas a México y Estados Unidos, con una inversión prevista de 5.000 millones de euros hasta 2007. Sólo en gas, sus reservas en aquel país representan el 20% de sus reservas totales.
El año pasado, Repsol YPF aumentó su producción de gas respecto a 2003 en un 11,2%. Ese incremento se produjo fundamentalmente en Bolivia (51,2% del total), por las mayores ventas a Brasil y por el comienzo de las exportaciones a Argentina a mediados de año.
Elevan los impuestos al 50%
Los 27 senadores discutirán desde mañana la ley bajo la advertencia de varios diputados de que no aceptarán cambios en temas como el régimen tributario, que prevé que las petroleras paguen un 32% de impuestos y un 18% de regalías (cantidad que cobra el Estado por los permisos).
Además, la ley contempla la migración obligatoria de los contratos vigentes, la refundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y un artículo que otorga a las comunidades nativas la posibilidad de «veto» a los proyectos.
Las petroleras afirman que la ley convierte en «inviable» la actividad del sector petrolero y gasista en el país y constituye un factor de graves complicaciones «sobre el presente y futuro de nuestras afiliadas».
El delegado para la Revisión de la Capitalización, Francesco Zaratti, ha explicado que la confiscación es el acto del Estado por el cual se toma como parte de la tributación «una parte mayor a la permitida de las ganancias de una empresa». Lo que será inaceptable para las petroleras y podría derivar en procesos legales.
Zaratti indicó que se debería tomar en serio la posición de las empresas, que «con la nueva ley de Hidrocarburos, el Estado se quedaría con el 80% de las ganancias de las empresas (quitando los costos), cuando lo normal es el 20%», dijo.
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