La ampliación de carboneras es
la puntilla al Protocolo de Kioto.
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Sobre Endesa pesa una moratoria que le impide construir nueva
potencia en los próximos años. Dicha central hace virtualmente imposible el
cumplimiento del protocolo de Kioto.
Ante el anuncio reciente de Endesa de construir nueva potencia
eléctrica en la central térmica “Litoral de Almería”, Ecologistas en Acción ha
manifestado su intención de recurrir legalmente dicha instalación. El motivo de
dicho recurso es la moratoria contemplada en el artículo 16 del Decreto-Ley
6/2000, de junio del 2000. Dicho artículo establece que “los productores de
energía eléctrica cuya potencia instalada en régimen ordinario en todo el
territorio peninsular, a la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley,
exceda el 40% del total, no podrán incrementar la potencia instalada durante un
plazo de 5 años”. Este era el caso de Endesa en ese momento.
A juicio de Ecologistas en Acción, el que Endesa se atreva a
pedir nueva potencia pese a una prohibición legal tan taxativa, es para
presionar políticamente al Gobierno cuando se habla mucho de apagones. Lo que
preocupa sobremanera a la organización ecologista es que el Gobierno se ha
venido mostrando muy sensible a dichas presiones.
Ecologistas en Acción recuerda que el citado Decreto-Ley,
llamado de “medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados
de bienes y servicios”, fue presentado como un avance significativo en la
liberalización del sistema eléctrico. Se decía que acabaría con el virtual
duopolio en la generación de electricidad en el que entre Endesa e Iberdrola (a
la que se le impuso una moratoria de 3 años) sumaban el 80% de la electricidad
producida. Pero las altisonantes palabras se correspondían mal con los hechos y
en el mismo texto se excluían de la moratoria las centrales que ya habían superado
el período de información pública y que alcanzaban un total de 2.600 MW para
Iberdrola y 1.600 más para Endesa. Prácticamente todo lo que razonablemente
podían construir en ese tiempo.
Desde entonces la posición del Gobierno no ha dejado de debilitarse
debido al coste político de los apagones, a que se han esfumado muchos
proyectos de inversión que parecían confirmados, sobre todo de empresas
extranjeras (Enron es el caso más evidente), y a que la demanda eléctrica crece
desbocada en los últimos tiempos.
Para Ecologistas en Acción la vuelta a las centrales de carbón
de producción de electricidad es una renuncia al cumplimiento de los
compromisos de limitación fijados en el protocolo de Kioto de emisiones de gases
de invernadero, antes de haberlo ratificado siquiera. Si el espectacular
crecimiento de la demanda eléctrica ya lo hacía virtualmente imposible de
cumplir, la utilización del carbón, que es el combustible que más CO2 emite por
unidad de energía producida, significa la puntilla a los acuerdos.