EL CES APRUEBA EL PROYECTO DEL REAL DECRETO LEY DE COMERCIO DE EMISIONES PERO CON PREOCUPACIÓN

Resumen de Prensa            Enervía, martes, 27 julio 2004

FUENTE: Expansión, Estrella Digital


Ayer, el CES, el Consejo Económico y Social, que representa a empresas y sindicatos, aprobaba el dictamen sobre el proyecto del real decreto ley de comercio de emisiones, pero también mostraba su preocupación por la inviabilidad del cumplimiento de los objetivos de Kioto a partir de 2008.

"Dadas las incertidumbres sobre la disponibilidad de nuevas tecnologías económicamente viables, el CES manifiesta su preocupación por los efectos que puedan tener sobre la producción, la inversión y el empleo de las empresas españolas los objetivos de reducción de emisiones previstos para el segundo periodo 2008-2012".

Aunque ve la utilidad del mercado de emisiones para cumplir Kioto, apunta que "podría suponer un aumento de costes cuyas posibles repercusiones en precios y tarifas deberían contar con compromisos suficientes para que no repercutan negativamente en la competitividad, el proceso inversor y el empleo de las empresas, así como en los consumidores".

El CES, presidido por Jaime Montalvo, considera "necesario y oportuno" el plan previsto para el periodo 2005-2007, que coincide con la etapa voluntaria del mercado de emisiones. El organismo lo califica como "un instrumento útil para la reducción de emisiones". Sobre todo considerando que "el volumen actual de emisiones está muy por encima del máximo previsto para el conjunto del periodo".

Solicita al Gobierno "flexibilidad" en la aplicación del PNA para garantizar la viabilidad de las empresas y evitar sus posibles efectos negativos sobre el empleo. Para lograr este objetivo, el CES defiende la creación de mesas tripartitas entre la Administración, los sindicatos y los empresarios, tanto a nivel global como en cada sector afectado, que hagan un seguimiento de la aplicación del Plan y puedan acordar ajustes en él.

El organismo entiende que este mecanismo de participación de las organizaciones empresariales y sindicales en el seguimiento y adaptación del Plan contribuiría a resolver con eficacia las disparidades existentes entre la Administración y los distintos sectores sobre el reparto de derechos por actividades, atendiendo a los inventarios que manejan unos y otros, para realizar las proyecciones y solicitar los derechos.

Por su parte, la patronal CEOE ya expresó la semana pasada su preocupación por el efecto del plan en la competitividad de las empresas españolas.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, comparece hoy en el Congreso para explicar el plan de Kioto. El Consejo de Estado emitirá su dictamen el jueves y el viernes se aprobará en el Consejo de Ministros, que no lo autorizará hasta finales de agosto.




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