LIBERALIZACIÓN DE MERCADOS INSULARES Y EXTRA-PENINSULARES

Resumen de Prensa            Enervía, martes, 23 diciembre 2003

FUENTE: Europa Press, Enervia en tiempo real


La liberalización de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (SEIEs) aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros supondrá un ahorro importante en la factura eléctrica, especialmente en el caso de Pymes, según Juan Carlos Enamorado, director de análisis de InterMoney Energía.

Con la llegada del libre mercado a los SEIEs, se equiparará el derecho de los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla con el resto del Estado, que podrán elegir a la compañía eléctrica que más les convenga siguiendo conectados a la red del distribuidor de la zona.

Ya se tiene constancia de varias comercializadoras eléctricas que quieren entrar competir en esos mercados. Las ofertas que podrán ofrecer dependerá del volumen de consumo anual y de ciertas condiciones actuales de cada suministro.

El libre mercado da la oportunidad de elegir a aquella compañía que ofrezca mayores ventajas y cuyo precio esté más ajustado para cada Cliente, ya sea empresa o particular.

El RD establecerá, al igual que en el resto de la península, unos precios máximos en el suministro pero dejará al libre albedrío de las empresas los precios.

En cuanto al acceso y la calidad y continuidad del suministro garantizado a través de las redes del distribuidor de la zona, se desarrollará una normativa autonómica para exigir unos niveles mínimos de calidad en el suministro de los SEIEs que deberán cumplir las empresas distribuidoras. Se establecerá una serie de sanciones o multas a las empresas que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad.Cualquier ciudadano podrá reclamar en caso de verse perjudicado por un corte en el suministro pudiendo pedir daños y perjuicios, independientemente de la empresa comercializadora con la que haya liberalizado el suministro de electricidad.

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Información más detallada:

El Consejo de Ministros en su penúltima reunión del año ha aprobado el Real Decreto por el que se liberalizan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIEs), que son sistemas aislados eléctricamente del sistema peninsular, compuestos de doce islas (Baleares y Canarias), y dos ciudades, Ceuta y Melilla, no interconectadas con el territorio circundante.

Con la nueva normativa los consumidores se ponen en condiciones de igualdad con los de la península y podrán adquirir la energía a la misma tarifa o bien libremente a través de los comercializadores, o directamente a precios de referencia con el mercado peninsular.

El RD completa el desarrollo reglamentario de la Ley del Sector Eléctrico y establece en los SEIEs un modelo eléctrico que permite el desarrollo de las actividades en libre competencia, introduciendo por primera vez la posibilidad efectiva para los consumidores de disfrutar de las ventajas de la liberalización en condiciones equivalentes a los consumidores de la península.

La Ley del Sector Eléctrico contempla la necesidad de que la regulación de las actividades eléctricas en estos territorios sean objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial, previo acuerdo con las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas.

Suministro de energía eléctrica

El nuevo RD contiene una regulación completa de todas las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica en el nuevo marco liberalizador de la Ley en los SEIEs, consistentes en su generación, transporte, distribución y comercialización, así como la gestión económica y técnica de cada uno de los sistemas eléctricos de dichos territorios. Establece con detalle las singularidades y remite a la normativa general en todo aquello en que las actividades no presentan diferencias frente al sistema peninsular.

Se establece un mecanismo de acuerdo entre la Administración Central y las CCAA y Ciudades Autónomas que determine el plan de capacidad de generación y transporte a instalar en cada sistema, incluyendo la reserva de potencia necesaria. Por tanto, en generación se realizará la previsión de la potencia necesaria para cubrir la demanda en cada sistema, asegurando una retribución adecuada.

Despacho de costes variables

Por otra parte, dado el tamaño de estos sistemas, aunque no resulta viable el establecimiento de mercados competitivos, se crea un despacho de costes variables, de tal forma que la entrada en funcionamiento de las centrales se realiza por orden de mérito económico. Esta explotación del sistema, que hasta ahora era realizado por las empresas, pasa a llevarlo un ente independiente, Red Eléctrica de España, S.A., lo que garantiza la máxima eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

Además, se promueven mecanismos de mercado que aseguren la máxima eficiencia en la incorporación de nueva capacidad, determinados por el sistema de aprobación de la nueva capacidad a instalar y por los parámetros de retribución de la actividad, de tal forma que permiten una adecuada rentabilidad de las inversiones.

Retribución de instalaciones

El sistema que se establece para retribuir las instalaciones de generación en régimen ordinario tiene en cuenta el mayor coste que se produce en la prestación del suministro, que debe realizarse con un nivel de seguridad y calidad equivalente en todo el territorio nacional, con una tarifa única, por la singularidad que presenta la situación de ser sistemas aislados, que requieren, por tanto, mayor reserva de capacidad para garantizar suministro, el coste de combustibles es más elevado y, además, se producen deseconomías de escala.

Por ello, la retribución de estos generadores se plantea sobre la base del precio de mercado de la generación peninsular, complementado con primas por funcionamiento y por garantía de potencia. Por tanto, la metodología de retribución es equivalente a la de la Península, con las adaptaciones necesarias para tener en consideración las peculiaridades de los sistemas insulares y extrapeninsulares.

Para el ejercicio de la actividad de comercialización, se establecen los mismos requisitos que en el sistema peninsular, salvo en lo que se refiere al aval que acredite la capacidad económica, de cuantía más reducida, 120.000 euros, dado el ámbito territorial en el que se desarrolla la actividad.


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