ECONOMÍA ABRE UNA BATALLA LEGAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE NATURCORP

Resumen de Prensa            Enervía, lunes, 07 abril 2003

FUENTE: Expansión, Estrella Digital


Tras la adjudicación del 62% de la compañía vasca Naturcorp a la asturiana Hidrocantábrico el pasado mes de marzo, la operación parecía estar tan sólo a falta de las autorizaciones administrativas pertinentes para concluirse definitivamente. Y es precisamente por parte de Economía donde están apareciendo trabas a la misma.

El secretario de Estado de Energía José Folgado, ante la adjudicación de Naturcorp a una empresa que tiene representación de empresas públicas extranjeras, advierte de la necesidad de ajustarse dicha operación a la disposición adicional 27 de la Ley de Acompañamientos para el 2000, en la cual se limita legalmente el control de empresas energéticas españolas a aquellas que tengan capital publico extranjero. En el caso de Hidrocantábrico, dos de sus accionistas EnBW( con un 35%) y EdP( con un 40%), lo poseen.

Esta limitación impuesta por Economía, impediría a Hidrocantábrico ejercer la gestión de la nueva filial a no ser que sus accionistas acordasen que la gestión se contemple por consenso, cosa que ya puso como condición el gobierno vasco para la privatización, permitiendo su veto en decisiones estratégicas.

Las reacciones a las declaraciones de Folgado no se han hecho esperar y el presidente del principado de Asturias Vicente Álvarez Areces, respondía pidiendo que se confirmen los apoyos recibidos a la operación y al principado de Asturias de cara al mercado ibérico. Criticó los intereses empresariales creados y que están poniendo trabas a una operación que se adjudicó a Hidrocantábrico por ser la mejor oferta presentada, tal y como confirmaba el consejero de industria del gobierno vasco, Josu Imaz y que permitirá una competencia real en el País Vasco y en el resto de España.

Tras esta batalla legal, la nueva Naturcorp está pendiente de la aprobación por parte de la CNE, de Defensa de la Competencia y del Consejo de Ministros que decidirá sobre los derechos políticos de Hidrocantábrico.


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